Eto'o admite el fraude fiscal y acepta una pena de 22 meses de prisión

De hecho, el exfutbolista camerunés se querelló en su día contra su exrepresentante por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en la gestión de su patrimonio, un asunto que aún se encuentra en fase de instrucción. «Reconozco los hechos y voy a pagar, pero que conste que entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía que hiciera», ha afirmado Samuel Eto'o. Mesalles, por su parte, ha preferido no declarar antes de admitir los hechos, en un juicio de conformidad en el que el tercer imputado, Jesús Lastre, administrador de una de las sociedades instrumentales utilizadas en la defraudación, ha quedado absuelto. En su escrito de acusación, la fiscalía pedía penas de 4 años y 6 meses de cárcel para Eto'o y Mesalles que finalmente han quedado en 22 meses para el exjugador, como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y un año para su exagente como cooperador necesario.

Asimismo, el exdelantero africano ha sido condenado a pagar cuatro multas, una por cada delito, que ascienden a 1.810.310 euros, y su exrepresentante a otras cuatro por un valor total de 905.155 euros. Las penas, cuya ejecución quedará en suspenso ya que ninguno de los dos tiene antecedentes penales, han sido atenuadas por el Ministerio Fiscal al reconocer ambos los hechos y haber reparado parcialmente el daño con la devolución de parte de las cuotas defraudadas.

Los hechos que hoy han sido juzgados en la Ciudad de la Justicia se produjeron entre 2006 y 2009, ejercicios en los que Samuel Eto'o obtuvo importantes ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen a la marca deportiva Puma y al FC Barcelona, que deberían haber tributado como rendimientos del capital mobiliario en sus declaraciones del IRPF, pero que el futbolista no declaró. Eto'o simuló que tales derechos habían sido cedidos a dos sociedades residentes en Hungría y España, de forma que las rentas desviadas hacia la sociedad húngara, administrada por Latre, no tributaron a Hacienda, mientras que las desviadas a la sociedad española, administrada por Mesalles, lo hicieron a un tipo muy inferior al que correspondía en el IRPF.