El Real Madrid deberá devolver 18,4 millones de euros por la cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en tanto que el Valencia, el Hércules y el Elche tienen que devolver 20,4 millones, 6,1 millones y 3,7 millones, respectivamente, por los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas por préstamos concedidos a esos tres clubes de la Comunidad Valenciana.
Además, el Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna deberán reembolsar hasta 5 millones de euros por club por haber obtenido privilegios fiscales.
La decisión llega después de que la CE abriera tres investigaciones diferentes en profundidad y llegara a la conclusión de que varias medidas de ayuda pública concedidas por España a esos siete clubes de fútbol profesional «les beneficiaron injustamente frente a otros clubes», lo que supone una violación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado de la Unión Europea (UE).
La primera investigación se refería a privilegios fiscales en favor del Real Madrid, el FC Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Atlético Osasuna, que fueron tratados como entidades sin ánimo de lucro, pese a que en España los clubes de fútbol profesional se consideran sociedades anónimas a efectos fiscales.
Además, los cuatro clubes se beneficiaron de un tipo impositivo inferior (un 5 %) durante «más de 20 años, sin una justificación objetiva», recalcó la CE.
España ha adaptado mientras tanto su legislación sobre el impuesto de sociedades para poner fin a este trato discriminatorio a partir de enero de 2016, pero para eliminar las ventajas indebidas recibidas en el pasado, los clubes están ahora obligados a devolver los impuestos no abonados.
La CE considera que las cantidades a devolver son limitadas (entre 0 y 5 millones por club), pero los importes exactos que deben recuperarse por parte de España los determinarán las autoridades españolas, indicó el Ejecutivo comunitario.
En una segunda investigación, la Comisión examinó una cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Estas pesquisas determinaron, con ayuda de un estudio independiente, que los terrenos afectados por la transacción se sobrevaloraron en 18,4 millones de euros.
«Ello otorgó a este club una ventaja injustificada frente a otros clubes que ahora debe devolverse», recalcó la CE.
Por último, la Comisión investigó los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por préstamos concedidos al Valencia, el Hércules y el Elche.
En ese momento, estos clubes atravesaban dificultades financieras y el aval público les permitió obtener los préstamos en condiciones más favorables.
Al no haber pagado una remuneración adecuada por los avales, estos clubes se beneficiaron de una ventaja económica frente a otros, que tienen que financiarse sin el respaldo del Estado.
La financiación estatal no estaba vinculada a un plan de reestructuración de los clubes con vistas a su viabilidad y ninguno de ellos aplicó medidas compensatorias para contrarrestar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda, dijo la CE.
De esta manera, para restablecer unas condiciones de competencia equitativas con los clubes no subvencionados, el Valencia, el Hércules y el Elche deben devolver ahora la ventaja recibida.
Fuentes comunitarias remarcaron que los clubes pequeños «tendrán que pagar» y que dependerá del Gobierno español cómo se efectúan esos pagos y si se procede a una reestructuración.
Sobre los plazos para devolver los importes, las mismas fuentes indicaron que en dos meses las autoridades deben indicar cómo se van a efectuar los pagos, en un plazo de cuatro meses, por lo que la CE otorga un total de seis meses de plazo para resolver el asunto.
Precisaron que las ayudas ilegales corresponden a «un importe limitado», del que los clubes se beneficiaron «en el pasado», en concreto en la última década.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que «utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol profesional puede falsear la competencia».
«El fútbol profesional es una actividad comercial en la que está en juego mucho dinero. Los fondos públicos deben cumplir las normas de competencia leal y, en este caso, las subvenciones investigadas no las cumplieron», agregó.
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