El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha anunciado hoy el cese de los coordinadores de Seguridad del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid tras la reyerta que el 30 de noviembre acabó con la vida de un aficionado ultra del Riazor Blues en los aledaños del Vicente Calderón.
Martínez ha hecho este anuncio en su comparecencia, junto al presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en el Congreso para dar cuenta de esos hechos y ha dicho que el Deportivo de La Coruña no facilitó a la Policía información precisa y detallada de los miembros de Riazor Blues que se desplazarían a Madrid.
Esa falta de información «detallada» impidió a la Policía, ha dicho Martínez, realizar un análisis de riesgo y, por tanto, no se pudo prevenir la reyerta en la que participaron unos 200 ultras.
Junto con esta imprecisa notificación -se comunica cuatro días antes del partido el «eventual» viaje de unos 50 Riazor Blues sin poder facilitar ni el medio de transporte ni la seguridad de que cuenten con entradas-, el número dos de Interior ha destacado que el club gallego entregó 110 entradas en dos paquetes a la Federación de Peñas «sin conocimiento de la Policía».
«Sin esas entradas los hinchas radicales no se hubieran desplazado», ha añadido Martínez antes de dejar claro que el acto de violencia registrado el domingo 30 de noviembre fue «extraordinariamente grave» pero también «excepcional».
Medidas
Con el deseo de que la muerte del hincha Francisco Javier Romero, Jimmy, sea «la última», el número dos de Interior ha avanzado la puesta en marcha de diferentes medidas como la implantación de criterios objetivos para que los coordinadores de seguridad de los clubes transmitan a la Policía una información completa que minimice el riesgo de que se produzcan incidentes entre aficionados.
En esa información, los directores de seguridad de los equipos tendrán que informar de los antecedentes con la otra afición en los últimos diez años, así como indicios recientes de posibles enfrentamientos como declaraciones de directivos, jugadores o el comportamiento de los aficionados.
También deberá constar en esa información el número de localidades vendidas, se identificará a los compradores y se señalará el medio desplazamiento de los seguidores.
A la entrada de los estadios se podrán practicar pruebas con carácter preventivo de consumo de drogas a aquellos aficionados que entren en los estadios con indicios de ir drogados.
Por último, Martínez ha destacado que su departamento lleva varias semanas trabajando, al margen de lo sucedido, en el desarrollo de un protocolo de actuación para fuerzas de seguridad sobre los llamados delitos de odio.
Un protocolo que estará listo en unos quince días y que resumirá las reglas homogéneas y unificadas para que los agentes puedan identificar correctamente cualquier incidente discriminatorio.
Además, se incorporará a las actas de los coordinadores de seguridad las manifestaciones de violencia verbal y se llevarán a cabo acciones de sensibilización con menores en centros educativos sobre este tipo de conductas.
Martínez también ha apuntado la posibilidad de introducir cambios normativos para el control del acceso a los estadios, como la captación de datos biométricos y de reconocimiento facial en determinados sectores de las gradas.
Ha abogado también por un procedimiento sancionador de tramitación abreviada para que sea más efectivo y por la adopción de medidas cautelares a los autores durante la instrucción.
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