La Fiscalía ha pedido este martes al juez Pablo Ruz que llame a declarar como testigo al padre de Neymar y pospone su decisión sobre la citación del actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, a la declaración como imputado de su antecesor en ese cargo, Sandro Rosell, fijada para el 22 de julio.
En un escrito de un solo folio, el fiscal del caso, José Perals, pide además al juez que requiera al padre del brasileño, Neymar Da Silva Santos, las facturas del año 2013 correspondientes al cobro del 5 % de comisión sobre los ingresos fijos y variables de Neymar Jr. y de la sociedad de ambos N&N, derivado del contrato de representación y gestión, firmado en Barcelona en junio de 2013.
También solicita al juzgado que designe un perito para que elabore un informe sobre las cuentas del FC Barcelona relativas a los años en los que se procedió a pagar la remuneración y los contratos derivados del fichaje de Neymar, en el que se investiga un presunto delito de apropiación indebida que le ha sido imputado a Rosell, lo que le valió su puesto al frente del club, y un delito fiscal del Barcelona cifrado hasta el momento en 9,1 millones.
En concreto, Perals reclama que este perito refleje en su informe si esos pagos se incluyeron en las cuentas del Barcelona «y, en su caso, el perjuicio económico causado al club».
El escrito del fiscal responde al ofrecimiento que hizo Ruz a las partes sobre la procedencia de dirigir el procedimiento a las personas intervinientes en los diferentes contratos objeto de investigación, lo que podría afectar al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, al padre del delantero brasileño, y al vicepresidente económico del club, Javier Faus.
A este respecto, Perals indica que antes de pronunciarse al respecto «se considera procedente estar a la espera del resultado de las diligencias acordadas para el día 22 de julio».
Se trata de la declaración como imputado de Rosell y la del representante legal del Barcelona Antonio Rossich, que tendrá que responder ante Ruz del delito fiscal imputado al Barcelona como persona jurídica.
Perals también cree que debe esperarse a lo que resulte de las nuevas cinco diligencias que solicita, que además de las ya citadas, se dirigen a requerir al FC Barcelona para que indique quiénes eran los administradores de hecho y de derecho cuando se produjeron los trámites de contratación del jugador, del 2011 al 2013, y para que aporte los estatutos vigentes a la fecha de los hechos.
El fiscal quiere además que el club aporte el acta de la Asamblea General del Barcelona, celebrada el 5 de octubre de 2013, y que un perito designado por el juez «proceda a grabar en CD y unir a las actuaciones el vídeo que obra en internet» de esa reunión.
Hasta el momento, el único que se ha planteado pedir la imputación de Bartomeu por una presunta «administración desleal» ha sido el socio del Barcelona Jordi Cases, quien provocó la apertura de este procedimiento al presentar una querella por supuesto delito de apropiación indebida de Rosell en el fichaje del brasileño.
Tampoco descarta pedir ampliar el procedimiento a la figura del vicepresidente económico Javier Faus, puesto que ambos firmaron diferentes contratos relativos a Neymar.
Por el momento, el juez decidió llamar a declarar como imputado a Rosell y en representación del Barça a Rossich, tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, fechado el 30 de mayo, que confirma que el Barcelona cometió un delito fiscal cifrado en 9,1 millones de euros.
Cantidad esta que podría aumentar a 11,7 millones si se confirma la posible defraudación de otros 2,6 millones de euros para el ejercicio de 2014, que «con salvedades» ha detectado la Agencia Tributaria.
Tras la imputación del Barcelona, el club procedió el 24 de febrero a regularizar su situación con Hacienda pagando 13,5 millones de euros por ese fichaje, aunque ello no le eximiría del abono de la correspondiente multa si finalmente es condenado por un delito fiscal.
El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.
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