El Ministerio Fiscal pedía una pena de 10 meses de cárcel para el acusado de un delito de receptación y el sobreseimiento y archivo de la causa contra otros tres jóvenes detenidos por su presunta implicación en el robo de esos objetos, así como en otro robo perpetrado en una casa de Santa Eulària.
El acusado del delito de receptación señaló ante el tribunal que desconocía la procedencia de los ordenadores que había comprado a un uruguayo que necesitaba dinero para regresar a su país.
Los otros tres acusados se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a escuchar las preguntas que realizaba la acusación particular.
Previamente, las defensas habían solicitado la nulidad de todas las llamadas telefónicas intervenidas durante la investigación.
Los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la investigación les considera los autores de varios golpes en el verano de 2011.
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