El exalcalde de Sant Josep, Josep Serra Escandell, se sentó ayer en el banquillo del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa por el caso de la carpintería Alba acusado de dos delitos de prevaricación y por el que le solicitan penas de prisión e inhabilitación para cargo público.
El Ministerio Fiscal reclama 16 meses de inhabilitación para cargo público mientras que la acusación particular eleva su petición a los ocho años y medio de inhabilitación, un año y tres meses de prisión y 18.000 euros de indemnización para cada uno de los seis denunciantes.
El exalcalde se acogió a su derecho a no declarar y durante casi dos horas permaneció en silencio escuchando las declaraciones de los denunciantes, que llegaban a este juicio tras un periplo de más de 25 años de lucha contra la instalación de la carpintería Alba en las carretera de Sant Josep.
Uno tras otro, los seis vecinos afectados que han llevado su causa hasta el último instante fueron relatando los problemas de ruidos y suciedad que padecían desde que instalaron la carpintería y cuál ha sido la actitud del ex primer edil ante sus reclamaciones. Uno de ellos explicó que, pese a una primera resolución judicial que declaraba ilegal las instalaciones, «nunca vimos máquinas de demolición y jamás cesó la actividad. Tuve que tapiar varias ventanas para minimizar los ruidos» y recordó que siempre tenían la misma respuesta del entonces alcalde: «Os cansaréis vosotros antes. Eso -la carpintería- se va a legalizar». Otro afectado narró que la carpintería realizaba los trabajos de serrería con las ventanas y las puertas abiertas generando un «ruido insoportable y grandes cantidades de serrín» que se acumulaban en las zonas exteriores de sus viviendas. Además recordó diversos episodios en que, «casualmente, tras alertar a la policía local del ruido, la actividad de la nave estaba parada cuando los agentes se personaban en las instalaciones.
El letrado de la acusación particular, Eduard Clavell, apuntó además al incumplimiento, entre otros, del artículo 412 del Código Penal, referente a la negación de auxilio del alcalde hacia sus vecinos.
La fiscal apuntó a dos delitos de prevaricación.
La juez Martina Rodríguez dejó el caso visto para sentencia tras rechazar el acusado su derecho de última palabra. El letrado de la Defensa, Eduardo Valdivia, remarcó que las licencias de construcción y actividad de la carpintería, que fueron anuladas por varias sentencias judiciales contaron con el visto bueno de los informes técnicos y que, por lo tanto, no concurriría el principio de «a sabiendas» necesario para la prevaricación.
Además, puntualizó que bajo el mandato de Serra Escandell se cerró y precintó la carpintería y fue Francisco Alba quien rompió los precintos.
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