J.M.A.Eivissa25/04/15 0:00
TW0

Un agente de la Guardia Civil que trabajaba en Sant Antoni se sentará el martes en el banquillo para responder por una acusación contra los derechos y garantías fundamentales por la que el ministerio público reclama diez años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros.

Según la acusación pública, el 6 de septiembre de 2011 «acudió junto con tres compañeros» a un hotel de Sant Antoni porque fueron requeridos por un altercado que se había producido y «procedió a realizar un registro en las pertenencias [de una huésped] sin su consentimiento y sustrajo de la maleta 380 euros que había en una bolsa de plástico».