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Un «razonamiento perverso» es la hipótesis con la que trabajan los investigadores del crimen de Asunta, la menor de 12 años a la que adoptaron cuando aún no tenía uno y que hace casi un mes, el 22 de septiembre, fue hallada muerta por dos viandantes en una pista forestal de Teo, cerca de Santiago.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que la conclusión de la exhaustiva investigación «removerá conciencias», mientras que el periódico La Voz de Galicia publica este sábado que en la instrucción la conjetura que predomina es que los padres de la víctima actuaron «de común acuerdo"; en el caso de él, por una dependencia; y en el de ella, porque se habría cansado de ser madre.

El diario se refiere a una nueva vida en la que la progenitora de Asunta, Rosario Porto, a la que en su círculo íntimo llaman Charo, había decidido cerrar su despacho, dimitir como cónsul honorario de Francia y separarse de su pareja; y otra cabecera, El Correo Gallego, suma a esta casuística «un desengaño amoroso» importante.

La acusación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los únicos imputados, que han negado los hechos, se ha elevado de homicidio a asesinato y en el endurecimiento de la calificación han pesado las pruebas forenses -sangre, gástricas y de pelo- al revelar que Asunta era sedada con Lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto corresponde al día 21, jornada en la que murió la pequeña.

En el mes de julio, también hay significativas concentraciones de este tranquilizante de la familia de las benzodiazepinas, cuya marca comercial más conocida es Orfidal, un fármaco que se utiliza para tratar estados de ansiedad y siempre bajo prescripción médica.

Ese mes, al inicio del verano, dos profesoras de música de esta menor detectaron en ella un estado de somnolencia, que su familia atribuyó a su condición de alérgica, patología por la que recibía un fuerte tratamiento. La pediatra ha negado este padecimiento en la cría.

Días antes del crimen, Asunta faltó al colegio y a sus clases de ballet, precisamente a consecuencia de las pastillas que debía tomar según argumentó, en estos casos, su propia madre. Son episodios que en su momento nadie entendió como de riesgo y que solamente ahora han cobrado relevancia.

En los respectivos autos de prisión, apelados infructuosamente, el magistrado José Antonio Vázquez Taín, que alude a la «brillante» exposición del fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, ve «clara» la presunta participación de la abogada Rosario Porto en la muerte, y en el caso del periodista Alfonso Basterra introduce un matiz.

«Ha de considerarse que los indicios apuntan firmemente a que el fallecimiento de Asunta se produjo en una sucesión de actos, alguno de los cuales, indiciariamente, se pueden imputar a Alfonso», razona el juez, quien añade que Basterra estaba «con Asunta en dos incidentes anteriores en los que la menor sufrió también presuntas ingestas de fármacos».

Las providencias, entregadas en su totalidad a las partes, corresponden al día 27, cuando se ordenó el encarcelamiento de Porto y Basterra en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza, y, por ende, son anteriores a los últimos informes toxicológicos recibidos en el juzgado de instrucción número dos de Santiago estos días.

Entre Porto y Basterra no ha existido contacto en el penal coruñés de Teixeiro y a ambos se les ha aplicado el protocolo de prevención de suicidio desde su ingreso.

En los autos se alude, asimismo, a las «gravísimas penas a las que se enfrentan» ambos para justificar la prisión preventiva y, en lo que atañe al riesgo de fuga, si en el caso de Basterra se menciona que carece «prácticamente de arraigo» en Compostela «salvo alguna amistad», en el de Porto se hace constar que dispondría para una eventual huida de «importantes medios económicos y contactos con otro país».

En el caso de Porto además estima el juez que «del mismo modo que groseramente ha cambiado su versión de si la niña fue o no el sábado 21 de septiembre a la casa de Montouto, podría intentar cambiar todas las explicaciones ofrecidas a sus incongruencias».

En el informe elaborado por la Policía tras la primera declaración en comisaría de los padres de la menor, Rosario Porto cuenta que ella misma dejó a su hija en su domicilio, en Santiago, realizando sus tareas escolares mientras salía a la calle a realizar unas gestiones, «no dejando la puerta cerrada con llave».

No menciona la vivienda familiar de Teo, algo que sí hace luego ante el juez después de que el visionado de las cámaras situasen a Asunta junto a ella en su coche cuando supuestamente la niña ya estaba desaparecida.

La casa de Teo, donde los investigadores creen que se produjo la muerte, ha sido inspeccionada tres veces, la primera de ellas en las horas posteriores al crimen y en su interior se halló una cuerda anaranjada como la que apareció junto al cuerpo sin vida de Asunta.

Los estudios sobre la composición química han permitido comprobar que las fibras de los cordeles encontrados junto al cadáver de la niña y las del rollo localizado en el primer registro practicado en este inmueble, el día 22, son coincidentes.

Los imputados han vuelto este viernes a la casa de Teo a otro registro, una diligencia que requería su presencia. Los agentes se han llevado esta vez bolsas con objetos, entre ellos, un guante.

Sobre la causa sigue vigente el secreto de sumario. Las defensas no han logrado el alzamiento que pretendían y José Luis Gutiérrez Aranguren, el letrado que asiste a Rosario Porto, ha anunciado que recurrirá que el caso se vaya a dirimir por un jurado popular, pese a lo que dicta la ley, al cuestionar la «imparcialidad».

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