Cinco partidos políticos de la Isla critican en un comunicado las nuevas tasas judiciales

Las cinco formaciones aseguraron en un comunicado conjunto que fundieron a los medios de comunicación que dichas tasas son «profundamente injustas, antidemocráticas, insolidarias e inconstitucionales».

Al mismo tiempo, estos partidos han recordado que la nueva Ley «supone tener que pagar si se quiere litigar en cualquier jurisdicción que no sea la Penal y tener que pagar para hacer valer los derechos de los ciudadanos, ya que sólo aquél que pague las tasas impuestas podrá acudir a la justicia para defender sus derechos».

«Injusta» e «insolidaria»

Así mismo, han calificado la medida del Ministerio de Justicia de «antidemocrática», ya que «el Gobierno ha consagrado una justicia para los ricos y otra para los pobres». Así mismo creen que esta ley «está considerada como un ataque frontal a la Justicia por todos los actores judiciales: jueces, fiscales, abogados o procuradores».

Otro de los calificativos que ha recibido la medida es la de «insolidaria». Según las cinco formaciones «la cuantía de las tasas son elevadísimas y no respetan el principio de proporcionalidad ya que la cantidad a pagar no viene determinada por la capacidad económica de los ciudadanos de España».

Finalmente, también fue calificada de «inconstitucional», ya que, según su comunicado, «con esta Ley se tumba uno de los pilares del Estado de Derecho, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y que está recogido en el artículo 24 de la Constitución Española».

Además, aseguran que también se vulnera el artículo 119, en el que se garantiza que «la justicia será gratuíta cuando la ley lo disponga y para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar».

Por todo ello, Eivissa pel Canvi, Eivissa Sostenible, Entesa d'Eivissa, Equo Eivissa y Es Nou Partit, rechazaron este «ataque frontal del PP a la justicia y a los derechos de los ciudadanos». Y por ello, concluyen su escrito conjunto instando al Gobierno a que «paralice y suspenda de forma inmediata la vigencia de la norma y reforme de manera integral toda la Administración de Justicia con la participación de los agentes afectados».