Condenado a siete meses de cárcel por coaccionar a su ex pareja para que abortara

La juez Martina Rodríguez, responsable accidental en su día del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, ha condenado a siete meses de prisión y a tres años de alejamiento de la víctima a un joven de Santa Eulària que coaccionaba a su ex pareja para que abortara. El sospechoso, de 24 años, estuvo durante un mes mandando mensajes telefónicos a la que fuera su novia advirtiéndola de que si no interrumpía su embarazo se suicidaría. El acusado no ingresará en prisión por carecer de antecedentes penales.
La sentencia recoge precisamente que la pareja se rompió tras cuatro años de relación y uno y medio de convivencia en los que, al parecer, hubo muchos altibajos. El detonante fue el futuro nacimiento de un hijo.
«La relación derivó en discusiones diarias acerca de este tema, hasta que ella pensó que había tenido un aborto espontáneo. Al acudir a revisión a un centro médico y ser informada de que el embarazo seguía su curso, aumentó su presión. Temerosa de que éste pudiera ocasionarle algún mal abandonó el domicilio que compartían refugiándose en casa de su madre, que la apoyaba para que llevara su embarazo a término», recoge la juez como probado.
Desde noviembre
La afectada comenzó a recibir mensajes telefónicos desde que tomó esta decisión el pasado 10 de noviembre. El 16 de diciembre, harta de la presión, la chica denunció las coacciones. En el juicio celebrado días atrás y cuando la afectada cumplía más de tres meses de gestación, salió a relucir un supuesto pacto entre la pareja para que interrumpiera la gestación, acuerdo que la víctima no ratificó.
Además, el acusado indicó que no recordaba bien haber mandado estos mensajes, hecho que la juzgadora no considera relevante porque éstos quedaron recogidos, así como su procedencia, en el teléfono de la perjudicada.
«Y todo ello, desde luego, sin entrar si quiera en consideraciones de si cuando sucedieron los hechos la denunciante se hallaba dentro del plazo legal para abortar o de si concurría causa legítima para ello tal como todavía contempla nuestra legislación. La sentencia no puede ser más que condenatoria», apunta la magistrada.