El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió curarse en salud y no renovar como juez sustituta a la recién nombrada directora general de Justicia del Govern, la abogada residente en Eivissa Marta Día Pascual. Así lo decidió en enero de 2003 el Pleno del máximo órgano de los jueces después de que Díaz Pascual, que ejerció como juez sustituta durante diez años en Eivissa, se viera salpicada por un caso inmobiliario que motivó una investigación interna Todo ello ocurrió después de que el Tribunal Constitucional diera la razón a un alemán que perdió su piso en Vila tras un embargo del que salieron beneficiados Díaz y su pareja, entonces también funcionario de Justicia.
La inspección realizada sobre las sospechas que se cernieron sobre la entonces juez sustituta se sobreseyó a favor de Díaz después de que no se probara que ésta pudiera haber incurrido en irregularidades susceptibles de ser sancionada disciplinariamente en la adquisición de la casa cuya compra motivó la investigación.
El Poder Judicial, sin embargo, y pese a la propuesta de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears, consideró excluir a Marta Díaz y dejar vacante su puesto como juez sustituta durante el año judicial 2002/2003, decisión sobre la que cabía poder recurrir ante el Tribunal Supremo. Según la información recogida por este periódico, la ahora directora de Justicia del Govern no volvió a ejercer más y poco después pasaba a trabajar en el Consell de Eivissa.
En una subasta
El caso que motivó la exclusión de Díaz se remonta a 1994 después de que una compañía aseguradora demandara al propietario alemán del apartamento 305 del edificio Transat, ubicado en el Paseo Marítimo de Vila, por los daños ocasionados en un piso inferior después de que se dejara un grifo abierto. La sociedad Yunamil se hizo con el piso tres años después y unos pocos meses más tarde Díaz y su pareja compraron la casa. Al parecer, la sociedad Yunamil, que optó sola a la puja de la vivienda, no volvió a presentarse a ninguna subasta más.
El afectado logró en noviembre de 2000 que el Constitucional le diera la razón después de emprender una verdadera batalla legal al entender que el juzgado que había resuelto este asunto no había citado diligentemente para localizarle, pese a que constaba un domicilio de éste en Alemania.
Al respecto, el alemán se estaba sometiendo a distintas operaciones para un cambio de sexo que le ocasionaban distintos desplazamientos. La causa volvió al juzgado, cuyo nuevo titular tampoco acreditó mala fe de Díaz pero el CGPJ sí decidió luego intervenir.
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