J.M.A.11/02/09 0:00
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Quién debe establecer los servicios mínimos. Éste es el frente en el que por el momento se ha detenido la posible huelga de jueces convocada para el 18 de febrero. Tras el anuncio realizado anteayer por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que dijo que no hay «cobertura legal» para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, el decano de Eivissa, Juan Carlos Torres, manifestó ayer en conferencia de prensa que ve «difícil» que la protesta se pueda llevar a cabo, al menos en la fecha prevista. «No haremos nada que sea ilegal», dijo

No obstante recordó que «el derecho de huelga es un derecho laboral». «Habrá que recurrir a los tribunales, que fijarán los servicios mínimos», avanzó Torres, que apuntó que hace décadas se planteó la idea de que los funcionarios no tenían derecho a la huelga y, sin embargo, dijo, «recuerden la del año pasado», en referencia a la protagonizada por los funcionarios de la Justicia no transferida, que finalmente lograron un aumento salarial. Los jueces de Eivissa se han reunido en asamblea en dos ocasiones convocados por Torres para votar sobre la posibilidad de hacer huelga y en ambas votaciones el resultado fue favorable a la protesta, al parecer por «unanimidad» en el primer caso y por «mayoría absoluta amplia» en el segundo, según el TSJ. Eivissa fue el único partido judicial de las islas que adoptó esta postura. Torres recordó que el motivo de la protesta no tiene que ver con reivindicaciones salariales sino con el hecho de que «el servicio público judicial en Eivissa viene lastrado precisamente por las razones por las que se ha convocado la huelga: la carga de trabajo no se corresponde con el número de juzgados que hay». A juicio de Torres en Eivissa hacen falta como mínimo dos más, uno de Instrucción y otro de Primera Instancia.