El Ministerio Fiscal solicitó ayer una pena de tres años de prisión para un empresario al que acusa por un presunto delito de alzamiento de bienes. También reclama una multa de 2.400 euros.
Según se vio ayer en el juicio, celebrado ante la jueza del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, Martina Rodríguez, el empresario, J.S.M., tenía una carpintería y acumuló numerosas deudas, entre éstas para con un trabajador de origen marroquí, al que acabó debiendo 22.856 euros en total, sumando los intereses por el retraso en los pagos.
El trabajador, finalmente, cobró todo el dinero que se le debía a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según explicó ayer a la juez. El empresario, por su parte, señaló ante la magistrada que si no había pagado al trabajador lo que se le debía era porque «no tenía dinero», ya que la carpintería atravesaba por un mal momento.
La defensa del empresario argumentó además que tanto el local en el que se desarrollaban las labores de carpintería como la maquinaria de la misma no pertenecían al acusado, sino a su padre.
Acreedores
También explicó la defensa que con el dinero que había el empresario tuvo que elegir a qué acreedores pagar, y eligió a varias empresas, de forma que esto fue en detrimento del trabajador, que tuvo que cobrar del dinero del fondo de garantía.
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