La Delegación del Gobierno en Balears ha decretado el cierre por dos meses del bar Kumharas, en la zona de la bahía de Portmany perteneciente al municipio de Sant Josep, «por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes», tal y como ordenó la semana pasada con la discoteca DC-10, en el mismo municipio, un local que acató el mandato al día siguiente de su anuncio. Por su parte, el responsable del Kumaras, Miguel Costa, anunció ayer que la empresa «va a pedir de nuevo la suspensión cautelar de la medida» en los juzgados de lo contencioso administrativo.
Costa añadió que el motivo de presentar el recurso para evitar el cierre es que la medida adoptada por la Delegación del Gobierno en Balears es «injusta y desproporcionada y, además, ya ha sido cumplida». En un comunicado, la Delegación del Gobierno se refiere «al recurso de alzada» que presentó el responsable del local contra la media de cierre por dos meses y que «fue desestimado por la Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior». Al respecto, Costa considera que es el juez quien debe estimar o desestimar el recurso. «En septiembre de 2007», señala la Delegación del Gobierno, «el propietario pone en conocimiento del juzgado su intención de cumplir la sanción y solicita a la Dirección Insular que se le clausure el local en el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2007, petición que finalmente es rechazada». Acerca de esto, el dueño del local piensa que no debe ser la Delegación del Gobierno quien elija los meses de cierre del local.
Costa explicó que la Guardia Civil ha presentado en la Delegación del Gobierno un único expediente por tolerar el consumo de drogas en el Kumharas. Según explicó ayer, fue a raíz de una cesión del local que hizo a una asociación que propugna la legalización de los derivados del cáñamo, una cesión que realizó sin ánimo de lucro, de forma desinteresada.
Costa recordó que la fiesta se publicitó en los periódicos, que la Delegación del Gobierno no puso ninguna objeción y que junto al local hay un edificio en el que viven muchos agentes de la Guardia Civil. Según su relato, varios agentes de este cuerpo abrieron un expediente porque cuatro personas estaban consumiendo cannabis. Ni antes ni después de esta fiesta se ha abierto expediente a este local por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes, según su propietario. Costa recordó que ya pagó por este motivo la multa de 6.000 euros que le impuso la Delegación del Gobierno.
Esta administración, en su comunicado, advierte de que Kumharas cuenta con un plazo de cinco días hábiles para cerrar sus puertas y que en caso contrario se hará por la fuerza. Es el plazo con el que cuenta el propietario para intentar frenar judicialmente la decisión de la Delegación del Gobierno. El DC-10 decidió cerrar sin ni siquiera llegar a apurar el plazo de cinco días.
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