El fiscal rebaja sus peticiones de pena para los acusados de extorsionar a Obiang

Tras dos días completos de juicio, los magistrados de la Audiencia Provincial dejaron ayer visto para sentencia el juicio contra el ex guardia civil Francisco Javier G.C., los ex miembros de la Armada Pablo C.G. y Miguel S.B. y el guardia civil en activo J.M.V.M., acusados de formar una empresa dedicada a la extorsión.

Después de escuchar a los acusados y a los numerosos testigos que prestaron declaración ante los magistrados de la Audiencia Provincial, el Ministerio Fiscal retiró la acusación contra J.M.V.M., a quien en principio solicitaba 5 años de prisión. Para los otros tres el Ministerio Público mantiene las acusaciones, aunque retira uno de los cargos de extorsión porque, a su entender, no ha quedado suficientemente acreditado, y además ha tenido en cuenta el atenuante de dilación del caso, cuyos hechos se remontan a hace más de siete años.

Por su parte, los abogados de los tres acusados reclaman la total absolución de los tres acusados, pues consideran que no hay pruebas que los incriminen. Pidieron que la Audiencia Provincial no tenga en cuenta las grabaciones de las conversaciones telefónicas, pues consideran que no hubo pruebas suficientes como para que el juez las permitiera, y también denunciaron la forma en la que la Guardia Civil registró la oficina sede de la empresa en la que presuntamente trabajaban los tres, una operación en la que, según criticaron los letrados, se produjeron defectos de forma.

De todas las extorsiones que están acusados destaca la supuesta extorsión que intentaron realizar a quien fuera ministro de Bosques de Guinea Ecuatorial, Teodoro Gguema Obiang, hijo del presidente de ese país africano. El secretario de Obiang, Luis Asuum Mba Medja, denunció ante la Guardia Civil que los miembros de ATISS le ofrecieron sus servicios de protección y que, al negarse, le pidieron «un millón y medio de pesetas» para cada uno por los gastos, algo que los acusados negaron ayer ante los magistrados.

Ayer declararon varios testigos que, con sus declaraciones, no pusieron fáciles las cosas a los acusados. Uno de ellos es un hombre al que habían robado en su casa y reclamó una cantidad económica a su compañía aseguradora, Winterthur. Como los acusados, supuestamente, ofrecían sus servicios de detectives, vigilancia o protección, la delegación de esta aseguradora en Eivissa les contrató. Según el testigo, dos de los acusados le visitaron y le dijeron que firmara un documento mediante el cual renunciaba a reclamar al seguro. En caso contrario, la Guardia Civil detendría a su mujer, de la que dijeron era la autora del robo. El testigo se acababa de separar de su mujer, con la que tenía un niño pequeño, y tampoco deseaba que la detuvieron. A preguntas del fiscal, el testigo acabó reconociendo que firmó el documento «por miedo», ya que los acusados le habían dicho, supuestamente, que «iba por el camino equivocado». Este hombre aseguró a los magistrados que Francisco Javier G.C. se presentó como guardia civil, a pesar de que estos tienen prohibido realizar este tipo de actividades.

En cuanto a J.M.V.M., que estaba acusado de facilitar a los acusados información de la base de datos de la Guardia Civil, el Ministerio Público retiró la acusación porque varios testigos del Instituto Armado aseguraron que en Eivissa es costumbre facilitar este tipo de datos a los guardias que lo solicitan, aunque en rigor no estén oficialmente facultados para ello.

Al principal acusado, Francisco Javier G.C. se le reclamaban 18 años y medio de prisión, que ayer se quedaron en 12 años y tres meses. Al segundo acusado, Pablo C.G., que fue testigo protegido en el caso de Lasa y Zabala, el Ministerio Fiscal le reclamó 16 años que ayer se redujeron hasta los 11 años y dos meses. Al tercero, Miguel S.B., que al igual que el anterior es un ex miembro de la Armada, le pedían 17 años, pero ayer se quedaron en 11 años y 5 meses.

En su alegato final, el fiscal empleó palabras muy duras: «A uno se le ponen los pelos de punta pensando en que puede venir un guardia civil y decirte que no vayas por ese camino», en referencia al testigo al que supuestamente lograron hacer firmar la renuncia de reclamación al seguro. Añadió el fiscal: «Quienes mienten son los acusados, que usaban amenazas y obligaban a firmar documentos».