08/03/08 0:00
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EUROPA PRESS / EFE El portavoz del sindicato CSI-CSIF en las Pitiüses, Juan Nieto, cifró ayer en 539 los juicios suspendidos en el ámbito social, penal y civil y en 5.000 el resto de actuaciones pendientes sobre la mesa. De éstas, 3.000 responden a diligencias de trámite, citaciones, declaraciones, notificaciones y requerimientos y 1.200 a denuncias, demandas y otro tipo de escritos, según los datos recabados desde el 4 hasta el 26 de febrero. El representante del sindicato mayoritario de justicia lamentó que esta situación se haya extendido hasta los días previos a las elecciones «ya que es prácticamente imposible alcanzar un acuerdo en 48 horas que no se ha logrado en 31 días». Además, recordó que el resultado de estos comicios será determinante para continuar con las negociaciones con un gobierno o tener que iniciar los contactos desde el principio con otro. Nieto lamentó que a pesar de datos como éstos, extrapolables al resto del país donde son 9.000 los funcionarios afectados, «el Gobierno siga sin dar una respuesta contundente para solucionar esta huelga».

El sindicalista hizo así referencia a la novena y décima reuniones mantenidas anteayer entre funcionarios de Justicia y representantes del Ministerio para tratar la equiparación de los salarios de los trabajadores con los de las Comunidades donde las competencias en esta materia sí están transferidas y que una vez más terminó con una falta de acuerdo entre los implicados.

Los sindicatos exigen una retribución de 200 euros al mes efectiva en 2008 aunque no descartan volver a sentarse en la mesa de negociaciones si el Ministerio mejora «considerablemente» su oferta. Nieto agradeció el apoyo de jueces y magistrados en el transcurso de la huelga y apuntó que por el momento los funcionarios no han sufrido los descuentos por estos 31 días de paro, aunque uno de los 150 afectados «ya ha tenido que solicitar un crédito para solventar el menoscabo que le ha supuesto este hecho».

Sin acuerdo
El Ministerio de Justicia y los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ, convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de febrero en la Administración de Justicia no transferida, no han logrado alcanzar un acuerdo en la décima reunión que han mantenido para poner fin a la protesta. Según el Ministerio y los sindicatos, ayer por la tarde tras varias horas de reunión no se alcanzó un acuerdo para desconvocar la huelga. Justicia señaló que las causas de la falta de acuerdo son las «inflexibles» exigencias sindicales sobre aumento de salarios y para que no se descuente a los huelguistas los días dejados de trabajar, mientras que los sindicatos creen que Fernández Bermejo «no tiene ningún interés en solucionar este conflicto». Según Justicia, los sindicatos han renunciado a continuar el diálogo, se han levantado de la mesa y no han variado su exigencia inicial, a la que han añadido la pretensión de que el Ministerio se comprometa a realizar planes de recuperación que compensen económicamente a los huelguistas por los días que no han trabajado.