Los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia rechazaron ayer la propuesta formulada por el Ministerio para equiparar la retribución del complemento específico que perciben los trabajadores de las Comunidades Autónomas con las competencias de justicia transferidas respecto a los que dependen del Gobierno, como Balears, ya que exigen una subida mínima de 200 euros. Además, la presidenta de la Junta de Trabajadores de Justicia y representante de CSI-CSIF en Balears, Maria Antonia Juan, explicó que se está a la espera de que el Ministerio de Justicia realice próximamente un ofrecimiento que sea «próximo» a esta exigencia.
La representante sindical, que acudió a la mesa de negociación entre el Gobierno y sindicatos celebrada ayer en Madrid, destacó que se ha propuesto al departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo que realice consultas al Ministerio de Economía y Hacienda para aportar «la mayor cantidad de dinero posible» en 2008. La propuesta del Gobierno consiste en aplicar una subida de 40 euros válida en 2008, junto a otros 50 euros que se recibirán en una paga extra de 600 euros que se cobrará el 1 de enero de 2009, si bien tendría efectos computables a este año. La oferta del Ministerio se completa con otros 40 euros en julio del año que viene y el resto en diciembre de 2009 para llegar a una cantidad total de subida salarial estimada en 180 euros.
Los sindicatos exigen un incremento de retribución mínima de 200 euros cuya aplicación sea aplique en 2008, por lo que continuarán con la huelga hasta que la oferta del Gobierno sea «suficiente». La presidenta de la Junta de Trabajadores de Justicia de Balears destacó que la situación en las islas es preocupante con una carga judicial muy amplia para cuatro juzgados en toda las islas. Por tanto, se rechazó el acuerdo propuesto por el Ministerio ya que los funcionarios «están perdiendo cada vez mayor poder adquisitivo».
Maria Antonia Juan afirmó que el parón de los funcionarios de Justicia en Baleares ha paralizado una media de 2.400 pleitos, y que sólo en Palma ascienden a más de 600 los procesos judiciales afectados a diario «con todos los problemas que acarrea al ciudadanos». Los cálculos de CSI-CSIF estiman que los juicios en las islas sumarán un retraso de al menos tres meses añadidos a las demoras ya existentes en los procesos pendientes. La representante de CSI-CSIF quiso dejar claro que estos retrasos «no son imputables al funcionario» sino que la dilación viene marcada por los plazos de cada juicio y por la carga judicial que soporta los juzgados de las islas.
Por su parte, Javier Hernández, de CCOO, detalló que todas las organizaciones sindicales han rechazado la propuesta formulada por la mesa de negociación constituida con los representantes del Ministerio de Justicia, y adelantó que han solicitado otra reunión «antes del próximo viernes» para abordar de nuevo la equiparación salarial.
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