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C. CUEVAS En este caso, los resultados del examen post mortem de Francesco N. han confirmado la sospecha de que la muerte del turista se produjo por un abuso en el consumo de drogas, más específicamente padeció una intoxicación de cocaína y MDMA, seguramente unida a la ingesta de bebidas alcohólicas. Fuentes médicas aseguraron que este policonsumo de estupefacientes provocaron en el italiano «una hipertermia maligna con cuadro de fallo multiorgánico». Esta dolencia es una enfermedad que ocasiona una rápida elevación de la temperatura corporal y contracciones musculares agudas. Durante estos episodios el tejido muscular se destruye y finalmente puede provocar una insuficiencia renal. Esto fue lo que le pasó al joven turista. Primero le fallaron los riñones, luego los pulmones y más tarde el estómago.

Las mismas fuentes confirmaron que en el estado en el que llegó al hospital era muy grave, con hemorragias y prácticamente irreversible. Esta primera muerte por consumo de drogas ha provocada que el juez decano, Juan Carlos Torres, haya exigido la apertura de una investigación para «comprobar si se han cumplido todas las obligaciones y protocolos de atención que un establecimiento público debe tener ante la sospecha de una intoxicación por sustancias estupefacientes», tal y como explicó ayer a este periódico.

El magistrado señaló también que, «sin ánimo de prejuzgar, es inadmisible la sospecha de que un establecimiento no actúe conforme lo marca la ley en estas situaciones y no brinde la ayuda que alguien necesite y eso hay que esclarecerlo». Para ello, el juez Torres ha solicitado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigue todas las circunstancias previas a la muerte de Francesco como «llamadas realizadas a los servicios médicos, avisos, quién pudo atender al joven hasta la llegada de la ambulancia, cuánto tardó ésta, si se le prestó toda la ayuda necesaria y disponible en un mínimo de tiempo». Dentro de esta investigación se está tratando de localizar a testigos que puedan explicar lo que vieron.

El magistrado aseveró que «a pesar nuestro no podemos negar la evidencia de una realidad de consumo pero hay que perseguir que si se tiene un problema se pueda resolver». En este sentido recordó sentencias condenatorias firmadas por él en el pasado exigiendo responsabilidad civil a un establecimiento de ocio por una actuación incorrecta en un caso que presenta similitudes con el actual.