Los apartamentos Pimar, de Port des Torrent, pertenecen al Grupo de Empresas Playa Sol.

Los 48.000 euros reclamados por el hotelero Fernando Ferré procedían de los cobros de alquileres de apartamentos pertenecientes a la compañía «Valentín Cusco SL», sociedad, a su vez, integrada dentro del Grupo de Empresas Playa Sol. El acusado siempre declaró su inocencia y en repetidas ocasiones, incluido en el juicio que se celebró el pasado mes de noviembre, aseguró que dicha cantidad debió irse en pagar salarios, dietas y otros gastos que luego no se justificaron y que se cumplimentaron con la ejecución de obras de reforma.

El propio Fernando Ferré y representantes de sus sociedades negaron en la vista oral esta posibilidad y responsabilizaron directamente al acusado de un «agujero negro» que alcanzó los 48.443 euros, cantidad que según la contabilidad de la empresa fue presuntamente apropiada tras no hacerse efectivo en las cuentas de Valentín Cusco SL más de 70 operaciones de cobro. Ferré, que está en la actualidad investigado por el juzgado por si pudo cometer un delito contra los derechos de los trabajadores tras la redada que llevó a cabo la policía en febrero del año pasado en hoteles de Cala de Bou y en la que se detuvo a más de 30 obreros ilegales, hizo especial hincapié en este mismo juicio en la correcta contratación que realizan sus empresas. Al respecto, insistió en que todos los contratos pasaban por una sociedad central sin que el acusado tuviera alguna parte en ello. «Nunca he tenido trabajadores sin contrato. Nadie tiene dietas. Este señor sólo era un cobrador y un vendedor de apartamento. Nunca se ocupó de reformas», dijo el hotelero.

El sospechoso se sentó en el banquillo enfrentándose a una condena de seis años de prisión. El tribunal ha considerado ahora que sí fue responsable de la comisión de un delito de apropiación indebida. El grupo Playa Sol decidió denunciarlo después de que dicha persona hubiera estado trabajando desde agosto de 2002 a junio de 2003 encargándose de los cobros de los apartamentos Los Pinos (Cala Llonga), Pimar (Port des Torrent) y Corona Playa (Sant Antoni), así como de dos pisos enclavados en ses Figueretes.

El acusado argumentó durante el juicio que fue precisamente Ferré el que autorizó las reformas que emprendió con el fin de revalorizar las casas. «Ferré me preguntó cómo podía lavar la imagen de sus apartamentos, viviendas que estaban en mal estado y donde la gente se hacinaba, había ratas podridas detrás de las paredes y no había ningún control sobre quién pagaba y quién no, resaltó durante la causa.