La policía entregó ayer en el juzgado a P.C.Ll, M.F.C. y M.J.F.M.,
las tres personas, dos hombres y la mujer del último, que fueron
detenidas el pasado miércoles cuando el grupo, presuntamente, se
disponía introducir en la isla tres kilos de cocaína tras llegar de
Denia. La droga se cree iba a ser distribuida en bares de Sant
Antoni.
En este sentido, P.C.Ll. era la persona que supuestamente,
aprovechando la tapadera que le brindaba su trabajo en Baleària y
su prestigio acumulado al haber sido delegado de esta compañía en
Eivissa, se ocupaba de traer la droga a la isla sin levantar
sospechas. M.F.C., por su parte, está acusado de ser la persona que
buscaba los contactos y terminaba de distribuir la cocaína.
Los tres acusados ingresaron en prisión después de prestar
declaración ante el responsable del juzgado de guardia, el
magistrado Pablo Mendoza, después de que el fiscal solicitara esta
medida cautelas. El caso, sin embargo, continuará siendo instruido
por el juez Juan Carlos Torres, responsable del juzgado de
Instrucción número 1 y magistrado que ha protegido las actuaciones
bajo secreto sumarial.
Las pesquisas realizadas durante los últimos meses, sin embargo,
han servido para reunir «pruebas concluyentes» -según fuentes
policiales- que concretan cómo funcionaba el grupo desmantelado
Las mismas fuentes señalaron que dicha persona, que también
carecía de antecedentes, era relacionada desde hace tiempo con el
«trapicheo» de droga en Sant Antoni.
Su pareja, M.J.F.M., fue detenida también tras un exhaustivo
seguimiento realizado por los agentes a los sospechosos en los que
utilizaron distintas tecnologías y técnicas de seguimiento que
sirvieron para recopilar las pruebas que justificaron la detención
de todos ellos, según fuentes policiales.
P.C.Ll. terminó colaborando con la policía cuando tuvo lugar su
detención en el puerto de Sant Antoni. Según ha trascendido ahora,
él mismo dijo a los agentes que lo que buscaban estaba en el
maletero de su coche, un Nissan. P.C.Ll. puede enfrentarse a más de
nueve años de prisión si la droga decomisada, tal y como se cree,
es de elevada pureza. Pero éste no es el único caso por el que el
ya ex empleado de Baleària puede ir a prisión. Dicha persona se
encuentra procesada desde 2002 por su comisión en un presunto
delito de alzamiento de bienes, caso por el que también hay
imputadas otras dos personas relacionadas con negocios de navieras
y por el que la acusación particular pide, al parecer, penas de más
de cinco años de cárcel.
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