Sant Antoni alertará de que hay cámaras espía, pero no revelará su ubicación exacta

En estas áreas, las más conflictivas de la localidad de Sant Antoni, unos carteles advertirán de que «por su seguridad, esta zona está vigilada por videocámaras». Se trata de una iniciativa pionera en las Pitiüses que roza la ilegalidad, ya que este tipo de espionaje puede vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. En otras localidades, las grabaciones de cámaras espía han delatado en ocasiones a personajes públicos acompañados por quien no era su pareja e incluso se ha grabado a otros en actitudes más comprometedoras.

No obstante, y con el fin de paliar en lo posible este tipo de problemas, la ley marca una serie de directrices encaminadas en este sentido. La ley obliga a que sean policías funcionarios quienes se encarguen de realizar emonitoreo de las imágenes enviadas a las terminales a través de internet.

Las imágenes se van almacenando automáticamente en soporte digital, pero la ley también obliga a la policía a deshacerse de ellas con una periodicidad de un máximo de un mes. La instalación de video-cámaras es una decisión que al Ayuntamiento de Sant Antoni le ha costado tomar más de un año. De los resultados que se logren con este sistema dependerá la próxima decisión sobre el tema del Ayuntamiento de Eivissa. Fuentes de este Consistorio dijeron ayer que, aunque en principio son reticentes a la medida, si la experiencia de Sant Antoni resulta positiva, se podría solicitar el permiso a la Delegación del Gobierno de Balears para instalar cámaras-espía en el barrio de sa Penya.

Las principales críticas a la instalación de videocámaras en Sant Antoni hacen referencia al hecho de que los grupos de carteristas, camellos y vendedores ambulantes simplemente cambiarán de área de trabajo, alejándose justo lo necesario del alcance de las cámaras, una vez que éstas hayan sido localizadas.