La Audiencia Provincial intentará este lunes dar el último paso en
el proceso judicial que se abrió ahora más de trece años después de
que los antiguos dueños de la discoteca «Ku» fueran acusados de
llevar a cabo una quiebra fraudulenta. Un año ante se produjo el
cierre de la mítica discoteca de Sant Rafel. El caso debía de
haberse visto el pasado mes de mayo, pero el tribunal, a última
hora, determinó el aplazamiento del juicio. La Sección Segunda de
la Audiencia Provincial, pese a los años transcurridos, sólo podrá
escuchar el testimonio de dos de los tres dueño de «Ku»: Javier
I.S. y José L.A. El tercer empresario, José Antonio Santamaría, fue
asesinado por la banda terrorista ETA justo tres años después de
que la discoteca dejara de ser un negocio para él y sus socios.
Javier I.S. y su socio se enfrentan a una condena de seis años
de prisión y al pago de 600.000 euros después de que los síndicos
de la quiebra, representantes de Angime S.A., la sociedad titular
de la antigua discoteca, consideraran que podía haber indicios de
delito en las maniobras realizadas por los tres empresarios. El
caso, si definitivamente queda visto para sentencia el próximo
lunes, ha pasado por múltiples vicisitudes después de que se
declarara oficialmente la quiebra de la discoteca el 22 de mayo de
1991. Un juzgado de Eivissa se encargó de estudiar la compleja
contabilidad de la sociedad y de intentar discernir si se podía
haber cometido algún hecho judicialmente reprobable. Dicha
investigación acabó con el sobreseimiento de la causa al no haberse
hallado, en primera instancia, indicios que pudieran derivarse en
responsabilidades concretas contra los ahora acusados. Los síndicos
de la quiebra, sin embargo, no estuvieron contentos con esta
decisión y decidieron presentar un recurso. La Audiencia les dio la
razón y consideró oportuno que todas las cuentas de la sociedad
debían pasar un examen más minucioso. La discoteca fue subastada y
nuevos empresarios la reflotaron con el nombre de «Privilege».
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