La Dirección General de la Guardia Civil mostró ayer su «total
apoyo al personal de la Jefatura de la Zona de Castilla la Mancha y
al de la Comandancia de Albacete», así como «el mayor respeto a la
memoria, dignidad, capacidad y dedicación del comandante Isidoro
Turrión».
El comandante Turrión murió el pasado 17 de junio por los
disparos efectuados por el ex jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete teniente coronel Antonio Peñafiel, que también
acabaron con la vida del médico de la comandancia, Francisco
Naharro, e hirieron a actual jefe de la Comandancia.
En un comunicado, la Dirección General quiere salir así al paso
de afirmaciones publicadas con respecto a Turrión que «son
absolutamente carentes de fundamento». Tras expresar las
«condolencias y respeto» ante el dolor de las familias de los
afectados, el comunicado también se refiere a la muerte del Doctor
Naharro, del que dice que «durante muchos años veló ejemplar y
desinteresadamente por la salud de las familias de los guardias
civiles allí destinados».
Sobre las informaciones publicadas referentes al suceso de
Albacete, dice que en muchos momentos «contenían imprecisiones y
aseveraciones alejadas de la realidad» que han ocasionado
desprestigio para el personal allí destinado. En relación con el
mando del Teniente Coronel Peñafiel al frente de la Comandancia,
señala que tras unos primeros meses normales «llegaron indicios
objetivos sobre supuestas irregularidades» por lo que el 26 de
noviembre de 2002 se ordenó la incoación de un expediente
gubernativo por la supuesta comisión de una falta muy grave del
artículo 9.9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia
Civil.
Junto a la orden de incoación se acordó el cese cautelar en
funciones conforme a las previsiones de la Ley de Régimen
Disciplinario. Al detectar en meses posteriores «nuevos indicios en
torno a la conducta atípica» de Peñafiel que hicieron suponer que
se hallaba en una situación de «desequilibrio emocional», se acordó
en 26 de febrero de 2003 «proceder a la revocación administrativa
de su destino y a la retirada de sus armas oficiales y
particulares», señala la nota.
Al mismo tiempo se decidió iniciar los trámites para proceder a
un reconocimiento por el Servicio de Psiquiatría del Hospital
Central de la Defensa y determinar «su aptitud para el
servicio».
El día del suceso el expediente sancionador incoado «se hallaba
pendiente de resolución con propuesta de declaración de
responsabilidad», según la Dirección General, que añade que había
nuevos datos objetivos que podrían dar lugar al inicio de nuevos
expedientes sancionadores.
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