La ausencia de un testigo que ayer debía comparecer en la Audiencia
Provincial impidió la celebración del juicio que se había señalado
para ver la causa de un funcionario de Correos que ejerció como
jefe en las oficinas de Sant Francesc y al que se le acusa de
malversación de caudales públicos.
El acusado, sobre el que pesa la sospecha de quedarse con una
cantidad cercana al millón y medio de pesetas, tendrá que
comparecer de nuevo ante el tribunal el día que se señale
nuevamente la causa. Dicho proceso debe dirimirse de acuerdo con lo
que dicta la Ley del Jurado, motivo por el cual ayer se formó un
tribunal popular que volverá a ser reunido para decidir sobre la
inocencia o culpabilidad del acusado.
El ministerio público, que considera que existen indicios de
culpabilidad por un fraude que supuestamente fue cometido entre
1996 y 1997, pide para el sospechoso una pena de tres años de
cárcel y otros seis de inhabilitación absoluta.
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