La vivienda ha enfrentado este jueves al Gobierno de Triguero con los concejales del PSOE en lo relativo a la okupación ilegal. Una moción del PP destinada a instar al Gobierno y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a aceptar la ley contra la okupación aprobada por el Senado ha sido el detonante de un debate tenso en el que el alcalde ha defendido la gestión municipal de este problema y del de la vivienda en general.
El punto más duro del debate ha sido el relativo al de los asentamientos existentes en la ciudad. El socialista Rafa Ruiz ha criticado estos espacios y ha culpado de los mismos al Gobierno de Triguero. Una crítica que el primer edil no ha aceptado: «¿En qué ciudad vivía usted cuando era alcalde? Yo soy consciente de la personas viven en los asentamientos y esta forma de vida no la queremos para nuestros vecinos. Usted tenía hasta dos viviendas municipales ocupadas. No diga que tengo la ciudad llena de asentamientos».
El alcalde también ha acusado a los socialistas de no haberse preocupado durante su mandato de cuantificar cuántas personas vivían en asentimientos y ha negado que estos se hayan «triplicado», como ha asegurado Ruiz.
El concejal de Urbanismo, Juan Flores, también ha arremetido contra los socialistas al asegurar que «hay casas en la ciudad que llevan más de ocho años okupadas». Flores ha recordado que en las últimas semanas se han abortado varios intentos de ocupación ilegal en la ciudad y ha subrayado que los okupas no tenían «nada de vulnerables». «El dueño sí que es vulnerable», ha añadido, «los okupas solo usan la casa para hacer sus fechorías y sus pillerías».
El edil también ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de «proteger a los delincuentes» y ha lamentado que «ahora todo el mundo se apunte a la inquiokupación porque aquí vale todo».
Amenaza a la propiedad privada
El portavoz de VOX, Héctor Andrés, ha mostrado el apoyo de la formación al Gobierno de Triguero en esta cuestión y ha preguntado al PSOE y a Unidas Podemos «qué pasó con los vecinos de los Don Pepe cuando gobernaban ustedes». Andrés ha asegurado que la okupación ilegal es «una amenaza directa a la propiedad privada, que es uno de los pilares de una sociedad democrática». «La ocupación», ha añadido, «es un negocio. Hay mafias organizadas que venden las llaves y que piden dinero a los propietarios por abandonar las viviendas okupadas. En Idealista, se venden 20.000 viviendas okupadas y esto empieza a pasar también en Ibiza».
Tanto desde el PP como desde VOX se ha culpado al Gobierno de Sánchez y sus socios de amparar a los delincuentes y de alentar la okupación ilegal, así como de no tomar medidas para acabar con este problema.
A pesar de este respaldo, VOX ha visto después como el PP se abstenía en una moción defendida por el concejal Luis Astorri para crear en el Ayuntamiento un servicio de ayuda para los propietarios que se vean afectados por este problema. Ya el pasado mes de agosto VOX presentó una moción similar que fue rechazada por el Gobierno municipal. Por ello, Astorri ha dado la «bienvenida» a los populares a la búsqueda de soluciones al problema de la okupación de viviendas. El edil, sin embargo, ha cuestionado las pretensiones del PP sobre esta situación al recordar que están llevando a cabo una campaña de recogida de firmas contra la okupación y, a la vez, no han querido apoyar a VOX en su moción.
El Pleno, finalmente, ha rechazado una moción del PSOE en apoyo de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas con el FLA. Una condonación pactada entre el PSOE y Junts y que beneficia especialmente a Cataluña. La concejal de Economía y Hacienda, Gema Marí, ha asegurado que los supuestos beneficios de esta condonación son «falsos» y ha exigido a los socialistas que pidan a Sánchez que abone la deuda de más de 800 millones de euros que mantiene el Estado con las compañías aéreas por el descuento de residencia. «Tienen dinero para asumir la deuda de las comunidades autónomas que les hacen chantaje pero no para asumir las obligaciones adquiridas con los ciudadanos de Baleares», ha dicho Marí, «por una deuda que no es un privilegio sino una necesidad. El impago pone en riesgo la conectividad de Baleares encarece los vuelos y perjudica a miles de personas que dependen del transporte aéreo para ir a trabajar o al médico».
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