Constituida la mesa contra el intrusismo en Ibiza, una iniciativa pionera en todo el país

El vicepresidente insular ha subrayado que «no existe ningún organismo a nivel nacional» similar a esta mesa y ha advertido que «la impunidad de antes se ha acabado». En este sentido, ha recordado que el Consell ya ha cobrado más de 3 millones de euros en sanciones impuestas contra la oferta turística ilegal y ha destacado el papel que jugarán en esta lucha plataformas como Airbnb, que también tiene representación en la mesa. Juan ha explicado que los dos acuerdos alcanzados por el Consell con esta plataforma han tenido como resultado «la reducción del 30% de anuncios ilegales» en este portal en menos de tres meses. Además, se han retirado más de 400 anuncios de ofertas «flagrantemente ilegales» como las de las caravanas o las tiendas de campaña. Un tipo de oferta que, ha señalado, «satura y denigra la imagen de la isla».

«Esto acaba de comenzar», ha señalado Mariano Juan, «los acuerdos con las plataformas son recientes. La novedad ahora es que Airbnb exigirá el número de registro del Consell para los anuncios, que tendrán que tener, como mínimo, una apariencia de legalidad».

En esta primera sesión, los integrantes de la mesa han tratado cuestiones como la participación de los ayuntamientos y las policías locales en la persecución de la oferta ilegal. En este sentido, el vicepresidente insular ha explicado que los consistorios de Ibiza y Santa Eulària cuentan ya con las herramientas que permiten la persecución de esta oferta por la vía urbanística. El resto de ayuntamientos, con la colaboración del Consell, trabajan también en el mismo sentido.

Además, se ha analizado cómo afectará al sector turístico la creación de la ventanilla digital o registro único europeo, que en España gestionará el Ministerio de Vivienda. Este mecanismo proporcionará un número de registro que, a diferencia del del Consell, deberán obtener también los propietarios de viviendas de alquiler de corta duración. «Hay dudas sobre su aplicación», ha señalado Mariano Juan. Y ha añadido que el Consell negocia en estos momentos con el Registro de la Propiedad la posibilidad de que el número insular pueda integrarse de alguna manera en el estatal.

El vicepresidente del Consell, finalmente, ha destacado la «unanimidad en satisfacción por el trabajo ya realizado» mostrada por los integrantes de la Mesa de Intrusismo. Sin embargo, Mariano Juan también ha indicado que «queda mucho trabajo por delante» porque «hay que poner más sanciones, han de ser más elevadas y hay que abrir más expedientes».

El director general de Turismo de Baleares, Pep Aloy, ha destacado, por su parte, el hecho de que el Consell haya puesto en marcha «una iniciativa novedosa en todo el Estado, en la que participa todo el mundo y exportable a las otras islas». Aloy ha subrayado que la colaboración con la mesa por parte del Govern es «absoluta» y ha puesto como ejemplo la decisión de dedicar parte de los fondos del impuesto de turismo sostenible a la lucha contra el intrusismo en Ibiza. Un dinero que en esta primera fase suma cuatro millones de euros y que, ha señalado el director general de Turismo, permitirá al Consell contar con más recursos humanos y tecnológicos para este fin.

Pep Aloy ha recordado que la cooperación del Govern pasa también por el ámbito legislativo. Y en este sentido ha señalado que son necesarias «medidas contundentes y potentes contra la oferta ilegal». Medidas como el incremento de las sanciones y la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Local «en la detección y el control» de este tipo de oferta.

Dudas jurídicas sobre la intervención en las fiestas ilegales en villas

El director general de Turismo del Govern, por otro lado, ha explicado que en problemas como el de las fiestas ilegales el Govern trabaja para intentar que estas sean contempladas como actividad económica, lo que facilitaría su persecución. Sin embargo, en estos momentos existen «dudas jurídicas» al respecto. «No está dentro de nuestras competencias», según precisó, «entra en un tema más amplio que es la Ley de Actividades y eso es lo que hay que cambiar».

Sobre esta cuestión el vicepresidente Mariano Juan explicó que la postura del Consell es que la Policía Local pueda intervenir en estas celebraciones ilegales. «Ha de separarse el continente del contenido», ha añadido, «la vivienda en ese caso no está siendo utilizada como vivienda. Y lo que se pide es que la Policía Local pueda entrar cuando haya pruebas fehacientes d que la fiesta es una actividad. Todo esto se está estudiando ahora».

Otras propuestas legislativas pasan por el establecimiento de medidas cautelares como pueden ser la suspensión de los suministros o la retirada de los anuncios en las plataformas.