La psicóloga forense de Ibiza emitió en 2024 casi el doble de informes que la media en Mallorca

En un comunicado remitido a Periódico de Ibiza y Formentera expresan «cierta desazón al percibir incomprensión por parte de los operadores jurídicos y una tendencia a responsabilizarnos de los retrasos en la emisión de informes periciales por parte de las Administraciones, fundamentalmente derivados del desconocimiento de la complejidad de nuestro trabajo, las técnicas empleadas y el tiempo que conlleva realizar un trabajo de calidad en temas de especial sensibilidad como son los menores o la violencia doméstica o de género, donde debe primar una respuesta judicial efectiva, pero ante todo válida» y afirman que han recibido reconocimientos y agradecimientos de diversas personas, organismos y asociaciones por su implicación y compromiso durante todo este tiempo.

Los datos
En este punto es preciso destacar que, en base a los datos globales de rendimiento de los psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal de Baleares, en el año 2024 se realizaron una media de 56,66 informes al año por psicólogo forense, lo que representa una media de 4,05 informes al mes. En el caso de la psicóloga forense titular de Ibiza, también para 2024, emitió un total de 95 informes/año, lo que supone una media 7,91 informes al mes. Por tanto, la profesional de Ibiza emitió el año pasado «casi el doble de informes que la media referida a Mallorca y casi cuatro veces más informes que la última psicóloga forense interina que estuvo cubriendo la plaza de Ibiza». En el caso de Menorca, no hay psicóloga forense desde 2021 por una jubilación aún no cubierta, por lo que no se pueden comparar los datos con Menorca.

En cuanto al tiempo que se tarda en elaborar estos documentos, la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia explica que «la media de informes mensuales que los profesionales afirman emitir se sitúa entre los cinco y los nueve. Se trata de una media ponderada, es decir, teniendo en cuenta también las cifras de Menores que es la jurisdicción donde más informes se emiten». En este sentido, la emisión de informes en Ibiza se encuentran dentro de la media.

Ambas profesionales recuerdan, además, que el 13 de diciembre del año pasado la directora del Instituto de Medicina Legal de Baleares remitió un escrito dirigido a la psicóloga y a la trabajadora social, y con copia al subdirector, en el que expresaba que «sabemos lo que hay y conocemos también vuestro esfuerzo y trabajo».

Falta de personal
En el escrito recuerdan que no son un ‘equipo’ como tal sino dos profesionales que, cuando la situación lo requiere, trabajan coordinadas, igual que lo hacen otros perfiles profesionales, como médicos forenses. En este sentido, cargan contra el subdirector del IML en Ibiza por su «insistencia» en referirse a ellas como «equipo técnico» o «equipo psicosocial» cuando se tratan de «dos profesionales de disciplinas diferentes, con atribuciones diferentes y carga de trabajo también diferenciada. Ambas trabajan conjuntamente sólo cuando el Juzgado así lo solicita, del mismo modo que lo hacen cuando se requiere hacerlo con un Médico Forense, o en los casos que actúan las tres especialidades y se constituye una Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF)». Sobre el supuesto «bajo rendimiento» del que les acusa el subdirector en el informe remitido al juez decano, recuerdan que 2019 «coincide con un amplio periodo sin actividad profesional de la psicóloga forense por excedencia por cuidado de hijo y sin actividad de la trabajadora social forense por permiso de maternidad, por lo que difícilmente se les puede achacar responsabilidad en el estado de las causas ni acciones de monitorización sobre ellas cuando no estaban trabajando». Respecto al 2020, «resulta sorprendente que el subdirector obvie las excepcionales circunstancias del covid, habiéndose suspendido todas las actuaciones presenciales salvo las urgentes», según expresa el escrito remitido a este medio de comunicación.

Los informes
Ambas profesionales se reincorporaron a finales de 2019 a sus puestos de trabajo y, desde entonces, han recibido «un hostigamiento permanente y constante camuflado y amparado en la situación objetiva de falta de recursos y medios para atender las diferentes obligaciones profesionales exigidas. Esta situación ha permitido la instrumentalización de diversas circunstancias para causar una manifiesta alteración y perjuicio a determinas profesionales adscritas a la Subdirección del IMLCF de Ibiza, a las cuales se les ha pretendido trasladar la responsabilidad sobre diferentes elementos de gestión propios de niveles superiores, es decir, del subdirector del Instituto de Medicina Legal de Ibiza» y expresan que de todo esto han ido dejando constancia en diferentes informes. «De hecho, en el año 2020 el Informe de Resultados de la Evaluación Psicosocial realizado por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales ya dejó constancia de lo que ha estado aconteciendo», precisaron. También quieren desmentir que tengan «libertad horaria» como el subdirector expresó en el informe que remitió al juez decano, «de lo contrario, se entiende que habrían tenido algún tipo de acción disciplinaria, cosa que no ha sucedido». En este sentido, expresan que ambas tienen derecho a medidas de conciliación familiar con flexibilización en las entradas y las salidas, así como a disfrutar de los periodos vacacionales coincidiendo con el calendario escolar. Relatan como «especialmente grave» que se les negara a ambas el derecho a disfrutar de vacaciones coincidiendo con los días escolares de esta última Navidad «dado que el servicio quedaría descubierto», según el argumento sin más justificación que usó el subdirector del servicio. Afirman que esta actuación fue «completamente irregular» y, por ello, demandaron ante el Juzgado de lo Social. En la sentencia, no sólo se les dio la razón, sino que se condenó al Ministerio de Justicia por esta decisión arbitraria del subdirector a tener que indemnizar por daños y perjuicios a ambas trabajadoras en la cuantía mínima de la sanción de multa.

Plaza sin cubrir
Ambas profesionales recuerdan que únicamente son dos trabajadoras para todo el volumen de trabajo que existe en Ibiza y que hay una plaza creada pero no dotada de psicóloga forense y otra de trabajadora social forense que sólo pueden ser ocupadas por concurso de traslados, «es decir, que venga otro titulado de la Administración del Estado que ocupe puesto en otro destino». Debido a la permanente falta de personal, desde la dirección del Instituto de Medicina Legal de Baleares se dieron las directrices a la psicóloga forense para que atendiera de forma preferente a las causas penales respecto a las civiles, dando prioridad a las causas de violencia de género, a las causas de menores, a las causas con fecha de juicio y a los procedimientos sumarios. Siguiendo estas directrices, las causas civiles son atendidas gracias al convenio entre Justicia y el Colegio de Psicología. «El problema es que en Ibiza o no hay profesionales que puedan y quieran realizar los informes periciales o bien no están interesados en hacerlos en las condiciones en las que se presta el servicio, por lo que estas causas civiles seguirán constando como pendientes para la psicóloga forense, aun no teniendo capacidad objetiva de atenderlas», según concluyen.