Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

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El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado (Ferrol, 1974) visita este domingo Ibiza para participar en la comida con la que el PP de la isla cerrará la Jornada Intermunicipal. A nivel autonómico, el partido no vive su mejor momento con una Marga Prohens que ha de gestionar un Govern en minoría. Sin embargo, Tellado tiene claro que la presidenta autonómica podrá hacer frente a esta situación. Y asegura que, si Francina Armengol ha anunciado ya que volverá a ser candidata del PSIB-PSOE en las Islas, es porque los socialistas baleares no son capaces de mirar hacia un futuro en el que, en su opinión, Prohens volverá a ganar las elecciones. En el convulso escenario nacional, Miguel Tellado no tiene dudas de que el problema más grave de España es un Pedro Sánchez al que no duda en definir como «un activo tóxico» que hará lo que sea, hasta peregrinar a Waterloo, para mantenerse en el poder.

—Un yihadista, Mohamed Houli, ha ido esta semana al Congreso a decir que el CNI estaba implicado en los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Esto es uno de los sueños húmedos de Carles Puigdemont y Junts.
—Lo que hemos visto esta semana en el Congreso es que la presidenta del Congreso del PSOE ha permitido que en la sede de la soberanía nacional se perpetre una especie de aquelarre terrorista para satisfacción del independentismo catalán y para degradación de las instituciones de nuestro país. Yo culpo de lo que ha sucedido no a los independentistas que lo han pedido sino a los socialistas que lo han consentido. Y especialmente a Francina Armengol, que es la máxima responsable. Debería haber dimitido hace meses del cargo de presidenta del Congreso porque ha demostrado no estar a la altura. Es la ministra 23 de Pedro Sánchez. No valía como presidenta de Baleares y tampoco vale como presidenta del Congreso.

—Una joya.
—Yo creo que Pedro Sánchez apostó por ella porque necesitaba a alguien al frente de la presidencia del Congreso que se plegase a la defensa de los intereses socialistas y a transigir con las exigencias independentistas. Francina Armengol ha sido en todo este tiempo una colaboracionista. Proindependentista, ha aceptado permanentemente poner las instituciones al servicio de los sueños del independentismo.

—Y presuntamente salpicada por la corrupción.
—Su nombre aparece de forma reiterada en la trama de corrupción que involucra a Ábalos, a Koldo García, a Aldama… Si está donde está, no es porque Pedro Sánchez pensase que pudiera ser una buena presidenta para el Congreso. Probablemente, lo que Sánchez pensó al nombrarla fue en aforarla, protegerla judicialmente de los escándalos que le iban a perseguir.

—A pesar de todo, ella ya ha anunciado que va a volver a ser la candidata del PSIB-PSOE en Baleares.
—Yo creo que el PSOE en Baleares, cuando apuesta por la reelección de Francina Armengol, apuesta por el pasado, no por el futuro. Están cometiendo un error que demuestra que no tienen proyecto para Baleares. Están eligiendo a ver quién asume la siguiente derrota frente a Marga Prohens.

—¿Cree que veremos al presidente autohumillarse yendo a Waterloo, que es lo quiere Puigdemont?
—Lamentablemente, veremos a Sánchez visitando a Puigdemont en Waterloo y accediendo a todas las exigencias que el independentismo le ponga por delante. La realidad es que en lo que llevamos de legislatura, cada vez que el independentismo ha exigido, Sánchez ha transigido. Esa es la patente de corso que le permite seguir siendo presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones.

—Cada poco tiempo se habla de un posible acuerdo entre el PP y Junts para una moción de censura contra Sánchez. ¿Usted cree realmente que Puigdemont sería un socio fiable?
—Yo es que creo que, en estos momentos, no hay en España un escenario de moción de censura porque Sánchez es el presidente ideal para este independentismo chantajista que tenemos. Es un chollo porque ellos chantajean y él cede y paga con los recursos de los españoles. Hoy somos menos iguales ante la ley y menos iguales ante las administraciones y eso se debe a que Sánchez está dispuesto a absolutamente todo para seguir en el poder.

—¿Pero ustedes están dispuestos a pactar con Junts?
—El PP no ha pactado nada con Junts. No tenemos ningún acuerdo con Junts. Otra cosa es que en el Congreso, en la práctica parlamentaria del día a día, seamos capaces de aprobar cuestiones en las que Junts decide apoyar al PP y eso son derrotas parlamentarias de Sánchez. Si nosotros hubiéramos pactado con Junts, Feijóo habría sido presidente del Gobierno. Pero nosotros no transigimos al chantaje del independentismo y por eso hoy estamos en la oposición a pesar de haber ganado las elecciones.

—El ciudadano antes no sentía a los políticos como un problema y hoy sí. Hay indignación, crispación y polarización.
—Sánchez es el presidente del miedo y del odio. Necesita crispación política para que los votantes de izquierdas, pese a no reconocer su papel, estén dispuestos a votarle. Su colaborador necesario es VOX. Crispando la vida política y colaborando con VOX es como Sánchez se mantiene en el poder. El PP y el PSOE nunca han estado tan lejos y el elemento que nos separa tanto se llama Pedro Sánchez. Es un activo tóxico en la política española.

—Resulta difícil entender que el PP y VOX no puedan alcanzar acuerdos cuando ambos son el socio natural el uno del otro.
—Yo creo que VOX se equivoca cuando cree que su papel debe ser hacer oposición al PP y no al PSOE y a Sánchez. Nuestro trabajo es no distraernos. La misión principal del PP es dar a los españoles una alternativa de gobierno distinta a la que hoy tenemos. Cuanto antes acabe esta etapa de Sánchez, mejor le irá a España. Y nosotros no nos vamos a distraer de nuestra tarea y no nos vamos a descentrar por mucho que VOX dedique buena parte del tiempo a criticar al PP en lugar de a criticar al Gobierno de Sánchez.

—Además del de la vivienda, el problema de la inmigración irregular está siendo grave en todo el país. Y especialmente en territorios como Ibiza y Formentera, por la avalancha de menores extranjeros no acompañados. ¿Cómo se observa este problema desde el PP nacional?
—Toda España, pero sobre todo las islas y Ceuta y Melilla, está viviendo una crisis migratoria de primer nivel ante la pasividad absoluta del Gobierno. Es una situación tremendamente grave porque este Gobierno no tiene política migratoria y esto supone avalanchas, tanto en Canarias como, en algunos casos, en Baleares. Hay una ruta migratoria que se está consolidando con Baleares, pese a que el Gobierno lo niegue. Miles de personas llegan cada año y desbordan los servicios de los consells. Pero hay una desatención absoluta por parte del Gobierno hacia un problema que no para de crecer. Y crece por esa desidia del Gobierno. Marga Prohens ya anunció que no aceptará la llegada de menores inmigrantes procedentes de Canarias, toda vez que hemos conocido ese principio de acuerdo entre el Gobierno de España y el canario para repartirlos. Un reparto que se hará entre todas las comunidades excepto el País Vasco y Cataluña. Es una tomadura de pelo del Gobierno. Está buscando enfrentar a las comunidades en lugar de resolver los problemas.

—El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, visitó Baleares hace unos meses y puso sobre la mesa un claro chantaje: o el PP aprobaba la reforma de la Ley de Extranjería o no habría colaboración con Baleares para afrontar la crisis migratoria.
— Es que esto es un Gobierno que no entiende la obligatoriedad de que las Administraciones colaboren desde la lealtad. El Gobierno está al servicio de los intereses electorales del PSOE y lo que pretenden es chantajear a las comunidades del PP y enfrentar a unas con otras. A mí me parece muy lamentable que desde el Gobierno de España se contribuya a una especie de efecto llamada para que la inmigración ilegal llegue a España y que sucedan dramas humanitarios como los que estamos viviendo en Canarias y en Baleares.

—Este Gobierno, y la izquierda en general, defiende la política de puertas abiertas y, a la vez, tiene como socios a separatistas catalanes y vascos que exigen las competencias en inmigración en base a postulados supremacistas. No tiene nada sentido.
—El Gobierno tiene una gran contradicción entre lo que dice y lo que hace. No tiene nada de solidario y humanitario permitir que mafias que trafican con personas operen en las costas de nuestro país con total impunidad. Es insolidario y tremendamente inhumano. Nuestra postura es que estamos a favor de la inmigración legal porque la gente que quiere venir a trabajar aquí, a contribuir a que España sea una país mejor, tiene que ser recibidos con las puertas abiertas. Pero hemos de tener una política tremendamente dura de lucha contra la inmigración ilegal. Esa inmigración hay que prohibirla y hay que cerrarle las puertas de España porque depende de unas mafias inhumanas que ponen sus vidas en peligro.

—En Ibiza y Formentera tenemos también el grave problema de la progresiva desaparición del Estado. Los funcionarios estatales rechazan venir por la vivienda y la carestía de la vida. Llevan décadas exigiendo el plus de insularidad. Ni ustedes ni el PSOE han hecho nada al respecto.
—Es un problema que afecta a todos los territorios periféricos o ultraperiféricos. El Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional y colaborar con las administraciones autonómicas, los consells insulares y los ayuntamientos. No puede ser sustituido por otra administración, que es el ansia del nacionalismo y de planteamientos políticos separatistas. En Baleares hay problemas muy concretos que tienen que ver con la insularidad. Marga Prohens pone en cada reunión del partido este problema sobre la mesa como una prioridad. Tiene que haber incentivos positivos para que las islas sean atractivas para que el personal al servicio de la Administración del Estado no encuentre un obstáculo a la hora de prestar sus servicios aquí. Pero esto nos pasa también con la España interior. Nosotros tenemos que aspirar a que en nuestro país no haya españoles de primera y de segunda o que los servicios públicos dependan del código postal. Esto es responsabilidad del Gobierno. Pero con Pedro Sánchez la igualdad de los españoles ha sido una mercancía política que se ha puesto en venta para satisfacer las ansias del nacionalismo.

—El Govern de Prohens no tiene ahora mismo presupuestos para este año porque ya no tiene el respaldo de VOX. Está intentando alcanzar alianzas o acuerdos con la izquierda y con los separatistas. ¿Esto no es lo mismo que hace Sánchez?
—Yo estoy seguro que no porque Marga Prohens no renunciará a sus principios para obtener el respaldo y el voto de otras fuerzas políticas para poder aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma para este año. Pero yo sí quiero decirle a VOX y al resto de fuerzas políticas que el ciudadano, muchas veces, no entiende determinados planteamientos. Si los ciudadanos de Baleares lo que al final detectan es que desde determinados partidos se fastidia a las Islas por dejar en una situación precaria a Marga Prohens y a su gobierno, serán castigados en las urnas. Le pongo el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso. Cuando VOX la dejó sin presupuestos en Madrid y los madrileños pudieron ir a las urnas y votar, lo que hicieron fue castigar a VOX y darle a Isabel Díaz Ayuso la mayoría absoluta.

—A nivel internacional el panorama es preocupante. ¿Usted está entre los indignados por el discurso del vicepresidente de EE.UU ante la Conferencia de Seguridad de Múnich?

—Yo lo que creo es que a España le interesa tener buenas relaciones con una súperpotencia como son los EE.UU. Allí hay una nueva Administración con la que España y Europa tienen la obligación de entenderse y llegar a acuerdos fructíferos. Creo que deberíamos abandonar la polarización que algunos buscan con respecto a la Administración Trump.

—¿Vamos como un cohete?
—Sánchez dice que la economía va muy bien pero esa no es la realidad que sienten los españoles. Lo lamentable es que hay crecimiento económico pero a base de gasto público y endeudamiento. Sánchez ha incrementado el endeudamiento de nuestro país en un 35% desde 2018 hasta hoy. Esto quiere decir que todo el crecimiento económico del que estamos disfrutando lo pagarán generaciones futuras. En términos de solidaridad intergeneracional, esto es un fracaso. La situación de España es delicada porque los sectores económicos estratégicos están siendo abandonados y porque, al final, tenemos una inflación que no para de subir y que se come cualquier incremento salarial que se haya podido producir a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, esa bonanza económica de la que presume el Gobierno de Sánchez es un engaño.

—También presume de una política de vivienda fantástica y ya ve cómo estamos.
—Efectivamente. A mí me molesta escuchar a Pedro Sánchez hablar de vivienda y hacer anuncios. Parece que acaba de llegar al Gobierno. Los ocho años de Armengol al frente del Govern han causado un daño brutal al mercado de vivienda. En esa etapa, la vivienda en Baleares se encareció un 82%. Y ella no es más que la delegada de Sánchez en Baleares. Yo la culpo mucho de los problemas que tenemos en España. En vivienda hay desajuste entre oferta y demanda. El sector público y privado ha colapsado. No se ha construido toda la vivienda que necesitamos como país. Y luego tenemos el problema de la okupación. El PP tiene registrada ante el Congreso una Proposición de Ley antiokupación, que permitiría los desalojos en 24 horas. Pero Francina Armengol la tiene congelada desde hace un año. Y no nos permite debatirla utilizando una trampa antidemocrática como es la ampliación semana tras semana del plazo de presentación de enmiendas. Por lo tanto, la ponencia de la ley no se reúne, las enmiendas de no se debaten y la ley no se eleva a pleno para su aprobación.

—¿Y no hay ninguna manera de revertir la situación?
—Es que en la misma situación están otras 21 proposiciones de ley. 16 remitidas desde el Senado y cinco impulsadas por el PP en el Congreso de los Diputados. 21 leyes paralizadas. Tenemos una presidenta del Congreso que no permite legislar a los grupos salvo que las leyes provengan de los que conforman el propio Gobierno. No descartamos acudir al Tribunal Constitucional en defensa del normal funcionamiento de las Cortes Generales.