La Audiencia Provincial acogió este lunes por la mañana la primera jornada del juicio contra el exalcalde de Sant Antoni, Pep Tur Cires, por el chiringuito de Cala Gració. Durante su declaración, Tur manifestó que la paralización de la actividad del quiosco se hizo conforme a la ley puesto que la autorización inicial se había realizado en base a una información errónea del departamento de Costas sobre la calificación del terreno. Dicha información consideraba por error que la zona era un tramo urbano. La autorización se revisó después, una vez se desató un gran revuelo mediático y social por la ubicación del chiringuito.
En la Audiencia compareció también como encausada Cristina Ribas, concejala de Urbanismo junto a Cires. Según explicó Ribas a este rotativo, la primera jornada del juicio «ha ido bien y hemos contestado a todas las preguntas».
«Ha sido más corto de lo que pensábamos. En principio, estamos contentos de que el juicio se esté celebrando porque ya tocaba», aseguró también.
Cabe recordar que los hechos se remontan a 2018. Fiscalía, además, pide que tanto Tur como Ribas sean absueltos del delito de prevaricación del que se les acusa.
Durante el juicio, la exconcejala explicó que no autorizó el necesario certificado de final de obra porque la empresa no había informado de obra alguna.
La cronología
Según relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, en 2018 el departamento de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni dictó un decreto en el que se advertía a la empresa perjudicada de que no podía iniciar su actividad, pese a que inicialmente había recibido permiso, en tanto no se expidiera un certificado municipal de finalización de obras. Además, según el Ministerio Público, los acusados apoyaron su decisión de desautorizar la instalación en sendos informes elaborados por una arquitecta municipal y una inspectora de Urbanismo en la que se advertía de las irregularidades que presentaba el proyecto del chiringuito y se cuestionaba su adaptación a lo verdaderamente autorizado. El fiscal considera que no ha quedado acreditado que el cambio de criterio respecto a la legalidad de la concesión estuviera motivado por su propósito de perjudicar a la empresa mediante una decisión injusta y que, por lo tanto, los hechos narrados no son constitutivos de delito y los encausados deben ser absueltos.
Según publicó en 2019 Periódico de Ibiza y Formentera, la propiedad formalizó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por «daños y perjuicios» exigiendo una indemnización de 672.412,89 euros «en concepto de daño emergente y lucro cesante». Además, la sociedad responsable del chiringuito presentó contra los encausados una querella al considerar que su instalación tenía todas las licencias necesarias, reclamando para cada uno de los acusados una pena de inhabilitación especial durante 12 años para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
La valoración
La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) emitió este lunes un comunicado para manifestar su total apoyo al exalcalde Cires y a la exconcejala Cristina Ribas ante el inicio del juicio oral en relación con el quiosco de Cala Gració.
«Desde el PSOE siempre hemos defendido su gestión honesta y responsable al frente del Ayuntamiento de Sant Antoni. Confiamos plenamente en su absolución, como pide la propia Fiscalía, y en la que el proceso judicial demostrará que actuaron en defensa del interés general del municipio y con absoluta transparencia y de acuerdo con la legalidad», según precisaron los socialistas.
En este sentido, expresaron que lamentan «profundamente que una decisión tomada desde la responsabilidad institucional, como fueron las que tomaron en su momento en relación con el quiosco de Cala Gració, pueda acabar en los tribunales por la denuncia de una empresa». El comunicado prosigue afirmando que el PSOE «estará junto a Pep Tur y Cristina Ribas en todo momento y rechazamos cualquier intento de cuestionar su trayectoria política y su compromiso con Sant Antoni durante su mandato en el ayuntamiento entre 2015 y 2019», según concluyeron.
5 comentarios
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@siri24 ellos mismos dieron la licencia, eso es proteger el territorio?
Jutjats per protegir el territori
Solo hay 2 opciones: 1. Si este hombre está diciendo la verdad menudos incompetentes que dan licencias y no revisan ni miran donde ni como. 2. Está mintiendo y sabían perfectamente lo que hacían, pero al ver el revuelo social y posible pérdida de votos, decidieron cancelar la licencia.
Lo aprobaron como Tramo Urbano Jajajajajajajajajajaja. Flipante lo de Ibiza y el ansia por el dinero. Igual que presuntamente los seguridad del Mambo no dejando pasar a cala geacioneta, ni desde las rocas. Ibiza Mafia, ni la mocro se atreve a tanto.
Pobres sillas.