Pedro Sánchez y Marga Prohens, en una imagen de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes un paquete de 12 medidas «sin precedentes» cuyo objetivo es afrontar la grave crisis de vivienda que sufre España y, sobre todo, las llamadas «zonas tensionadas», entre las que Ibiza ocupa uno de lo primeros puestos. Entre estas medidas, llama especialmente la atención la destinada a la «creación de un sistema de garantías públicas» del que se beneficiarán propietarios e inquilinos. Un sistema muy similar al ya puesto en marcha en Baleares por el Govern de la popular Marga Prohens bajo el nombre de Lloguer Segur (Alquiler seguro).

Sánchez presentó este paquete de medidas en la clausura del congreso sobre vivienda celebrado en Madrid bajo el lema Vivienda, quinto pilar del Estado de Bienestar. El presidente ha explicado que a través de este sistema de garantía «el Estado pondrá dinero y los avales necesarios» para que los inquilinos puedan acceder a alquileres asequibles y los propietarios «no asuman riesgos». Se pretende de este modo poner en el mercado parte de los más de 4 millones de pisos que, se calcula, están vacíos en estos momentos. 400.000 de ellos se encuentran en zonas tensionadas. Este sistema, ha añadido Sánchez, «ha tenido éxito en Francia». Y es un sistema que se aplica desde el pasado mes de noviembre en las Islas sin que, de momento, haya tenido un resultado especialmente llamativo. Este nuevo sistema nacional, ha asegurado el presidente, se implantará ya este año, empezando con aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a inquilinos de menos de 35 años.


Excepción fiscal

Los propietarios, por otro lado, tendrán otro tipo de beneficios a partir de ahora. Así, aquellos que alquilen sus viviendas a precios asequibles tendrán una excepción fiscal del 100% del IRPF, siempre y cuando la medida reciba el apoyo del Congreso. El objetivo es que estos propietarios tengan incentivos y «más seguridad» para sacar al mercado del alquiler sus viviendas.

Llamativa es también la medida con la que el Gobierno pretende perseguir «el fraude en los alquileres de temporada». Y es que Sánchez parece haber tomado nota del ejemplo del Consell de Ibiza y su Oficina de Lucha contra el Intrusismo. Así, el Gobierno tiene previsto «endurecer» la persecución de estos alquileres turísticos ilegales y para ello se creará un fondo económico con el que dotar a las comunidades autónomas y a los municipios de los medios necesarios para «reforzar las inspecciones».
Este tipo de alquileres, además, tributarán como negocios si el Congreso aprueba la propuesta. Según explicó Sánchez, tendrán una fiscalidad equiparable a la del resto de actividades económicas porque, afirmó, «no es justo que paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores».

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Sánchez precisó, por otro lado, que hoy en día se crean en España más de 400.000 hogares al año. Sin embargo, solo se construyen unas 90.000 viviendas anualmente. «Una casa por cada tres hogares», según apuntó el presidente, «hay que corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda». De ahí que desde el Gobierno se apueste por incrementar el parque de vivienda pública, que en los años 80 suponía el 9% del total de la vivienda y que hoy en día solo llega al 2,5%. Algo que sitúa al país muy por detrás de otros miembros de la UE como Francia, donde es del 14%, o los Países Bajos, donde sube hasta el 34%. Ante esta situación, la nueva estrategia del Gobierno pasa por medidas como la creación de la Empresa Pública de Vivienda, que tiene como objetivo poner en el mercado «miles y miles y mile de viviendas de alquiler asequible». A esta empresa se incorporarán las más de 30.000 viviendas que están en manos de la S.


Medidas

El paquete de medidas anunciado por el presidente contempla también la limitación de la compra de viviendas a ciudadanos de fuera de la UE. Así, según anunció Sánchez, los compradores tendrán en este tipo de operaciones una carga fiscal de hasta el 100% del valor del inmueble. Una medida que ya se aplica en Dinamarca y Canadá. Sánchez precisó que en 2023 se vendieron más de 27.000 casas a ciudadanos de fuera de la UE. Viviendas que, según denunció, fueron adquiridas en su mayoría «para especular y para ganar dinero con ellas». Las viviendas de España «no pueden servir como un activo financiero o un deposito bancario», según apuntó.

La nueva estrategia estatal de vivienda, finalmente, contempla otras medidas como el cambio de régimen de ventajas fiscales para las socimis, el incremento de las ayudas a la rehabilitación para alquiler asequible y lo que el presidente llamó «un nuevo PERTE» que, con fondos europeos, modernizará el sector de la construcción y potenciará el sistema modular «para construir en menos tiempo, con menor coste y con más sostenibilidad».

Sánchez admitió que todas estas medidas se implantarán en el medio y largo plazo. A corto plazo, el Gobierno incrementará los programas de ayudas al alquiler, con especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables.