El pleno del Parlament ha rechazado este martes tomar en consideración las proposiciones de ley en materia de vivienda presentadas por PSIB y Més per Menorca.
La primera en debatirse, rechazada con 24 votos y 33 en contra, ha sido la de los socialistas, que reclamaba la declaración de zonas de mercado residencial tensionadas en Baleares para poder topar los precios de los alquileres.
La propuesta legal de los menorquinistas buscaba priorizar a los residentes en el acceso a una vivienda y ha sido igualmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox.
En la defensa de la iniciativa del PSIB, la diputada Mercedes Garrido ha acusado al PP de «negar a los ciudadanos de Baleares la posibilidad de acceder a una vivienda» y ha señalado que la falta de acceso a la vivienda es una de las causas fundamentales de exclusión social.
Garrido se ha referido a la situación excepcional que atraviesa Baleares y que justificaría la declaración de zonas tensionadas, que a día de hoy cumplirían todos los municipios de Baleares, «para poner a las personas por delante de los intereses económicos».
La diputada del PSIB ha comparado la intervención en el mercado de la vivienda con la intervención en momentos de distorsión como se hizo con el mercado energético. «No lo hace por partidismo y porque la política del Govern se hace desde Génova y no desde el paseo Sagrera», ha afirmado.
El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa se ha preguntado por qué se pueden poner límites a las macrogranjas, a los coches en Ibiza o a las lincencias de VTC y no a los precios de los alquileres. «No les da la gana», ha concluido el ecosoberanista, que ha acusado al Govern de favorecer «los pelotazos de sus amigos». La diputada de UP, Cristina Gómez, ha señalado que con su voto en contra, PP y Vox «están haciendo daño a los ciudadanos de Baleares».
Por parte de Vox, Sergio Rodríguez ha acusado a la izquierda de traer el Parlament «políticas fracasadas· que hacen desparecer las viviendas del mercado. »Todos los gobiernos lo han intentado y todos han fracasado", ha señalado.
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha rechazado la limitación de precios asegurando que a las más de 100.000 viviendas vacías que están vacías se sumarían muchas más. «Quieren apagar los incendios con gasolina», ha apuntado. Sagreras ha calificado la propuesta de topar los alquileres como «directamente comunista» y ha reivindicado con las medidas del Govern ya se está reactivando el mercado del alquiler.
El 'popular' ha aprovechado para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que desbloquee la ley antiokupas del PP.
PRIORIZAR A LOS RESIDENTES
En la defensa de la segunda iniciativa, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha llamado la atención sobre la tendencia creciente de segundas residencias también en los núcleos urbanos y los centros de las ciudades, lo que está igualmente teniendo impacto en el incremento de los precios.
Esta tendencia, ha apuntado, provoca centros de las ciudades desiertos y con barrios en los que no vive gente en determinados días y momentos del año. También tiene impacto en la oferta comercial. «Los pocos residentes que sobreviven tienen tiendas de souvenirs en lugar de colmados», ha alertado.
El menorquinista ha admitido que algunas de las medidas que está impulsando el Govern pueden suponer soluciones parciales, aunque en definitiva «se basan en enviar a los residentes a las periferias para dejar los centros de las ciudades a los extranjeros acaudalados».
La solución que propone la iniciativa legal de Més per Menorca pasa, a grandes rasgos, por priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda y se basa en medidas que se han impulsado en otros territorios insulares europeos. La propuesta, ha explicado, exige primero declarar la situación de emergencia habitacional y supondría la fijación de turnos en el acceso a la vivienda que se ponen en venta. Así, durante dos años podrían acceder a la compra personas con vinculos residenciales o económicos como un contrato de trabajo.
El menorquinista ha rechazado los argumentos que la presidenta del Govern, Marga Prohens, había expuesto en el pleno sobre que el Govern «no dirá a las familias a quién puede o no vender su casa» insistiendo en que la política está llena de ejemplos de cosas que se le dice a la sociedad que puede o no puede hacer como dónde instalar macrogranjas o dónde hacer alquiler turístico.
La diputada del PSIB Carol Marqués ha lamentado que en el pleno, con dos proposiciones de ley sobre vivienda, se han confrontado «el modelo de la derecha de favorecer a los poderosos y el de la izquierda de hacer vivienda accesible». La socialista ha justificado el voto favorable por el acuerdo en el sentido, aunque no comparten todo el contenido, por lo que ha criticado que la derecha haya impedido la tramitación.
Por parte de MÉS per Mallorca, el portavoz, Lluís Apesteguia, ha recordado el mandato constitucional que tienen los gobiernos de promover el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda y la obligación de impedir la especulación. «Señores del PP, ¿me pueden decir una medida, me basta una, que haya servido para frenar la especulación?», ha preguntado el ecosoberanista a la bancada 'popular'.
Apesteguia ha pedido al PP que no insista en decir que la culpa es de los anteriores gobiernos --«ya dan vergüenza y aburren», ha apuntado-- y ha añadido que las políticas 'populares' están intensificando lo que se ha hecho en los últimos 40 años en la cuenca mediterránea. «Hay que hacer cosas que no se han hecho hasta ahora», ha reclamado. Para Apesteguia, es un «hecho objetivo» que cada vez más no residentes compran viviendas para no residir.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha rechazado la propuesta porque atenta contra los derechos a la propiedad y el libre mercado y ha justificado su voto en contra porque desincentiva la inversión y no soluciona el problema del acceso a la vivienda. Además, ha añadido, se podrían vulnerar normativas europeas y podría ser tumbada «a las primeras de cambio». Para Cañadas, el problema de la vivienda en el archipiélago se soluciona reduciendo la burocracia y eliminando trabas a la construcción.
Por parte del PP, la diputada Margalida Pocoví, ha atribuido los incrementos de los precios en los últimos años a las «políticas fracasadas» del Pacte y ha recordado que fue bajo el mandato de la izquierda cuando más vivienda de lujo se construyó y se dio «barra libre» al alquiler turístico ilegal.
La 'popular' ha reivindicado las medidas en materia de vivienda que está impulsando el Ejecutivo que preside Marga Prohens y ha rechazado la propuesta de los menorquinistas calificándola como la «típica iniciativa intervencionista de la izquierda, especialista en establecer limitaciones a los ciudadanos». Además, para la 'popular', la proposición podría atentar contra el espíritu de los tratados comunitarios.
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