La reestructuración de la Administración de Justicia no convence a sus funcionarios y máximos responsables. Sergio González Malabia, quien deja de ser juez decano en Ibiza para convertirse en presidente del Tribunal de Instancia en la isla, aseguró ayer que estos cambios no van a servir para resolver el gran problema que sufre su Administración: los retrasos y acumulación de expedientes por resolver.
«Nunca se ha invertido lo suficiente en Justicia y podemos cambiarle el nombre a los tribunales, pero eso no va a significar que haya menos asuntos o suficientes manos para resolverlos», insistió.
Para el magistrado, la nueva ley redistribuye la presencia de juzgados como órganos independientes, pero «eso no va a suponer que se aligeren cargas».
«El juzgado de lo social va a seguir siendo uno en Ibiza, en vez de dos tal como se viene reclamando desde hace mucho tiempo. No se van a acortar los tiempos de espera. Estos cambios son parches y pequeños detalles que no van a mejorar la Administración de Justicia», apuntó.
Según aclaró también, desde ahora no va a existir un juzgado de instrucción o de primera instancia, sino que habrá un único Tribunal de Instancia, creándose además dos secciones: la de instrucción, donde serán incluidos todos los juzgados de este tipo, mientras que los de primera instancia pasarán a formar parte de un único tribunal civil. Además, se crearán secciones especializadas como una de penal y de violencia de género.
Con sólo cambiar la denominación «no se solucionará nada», teniendo que ver además cómo se podrán ejecutar estas modificaciones en la práctica, «algo bastante complicado», según el juez.
González Malabia recordó que ahora todo está ideado según trabaja en la actualidad la Administración de Justicia, con una distribución de edificios y de plantas, además de la cartelería, que desde ahora no servirá. «Son modificaciones absurdas. Siempre lo comparo con un bar, donde sólo hay cuatro camareros, pero cada vez más mesas que atender. Podemos girar las mesas, cambiarlas de sitio, pero hasta que no se incremente la plantilla, nada mejorará», lamentó el magistrado, señalando además que se viene de una reciente reforma procesal con la que se pretendió agilizar trámites, «aunque todo son pequeños parches».
En este sentido, reiteró que cada año aumenta la litigiosidad, los jueces emiten más sentencias, «pero siempre entra más de lo que sale».
González también apuntó a la carga económica que estos cambios conllevarán «porque nunca se ha invertido en Justicia».
Entre otros ejemplos, el magistrado explicó que desde ahora los juzgados de paz se convertirán en oficinas judiciales municipales, una especie de delegación en poblaciones donde no se encuentra el Tribunal. Por tanto, si el objetivo es evitar traslados, en este caso a la ciudad de Ibiza, es necesaria una potente inversión en cuanto a medios y personal. Tampoco convencen al juez las novedades en los juzgados de violencia contra la mujer que desde ahora deberán atender casos de agresiones sexuales. Según González Malabia, en partidos excesivamente sobrecargados ello supondrá un grave contratiempo.
Las sedes judiciales deberán adaptarse a estos cambios en unos tres meses, aunque se prevén otros plazos para modificaciones en el carácter procesal. «Estamos temblando para ver cómo se articulará el trabajo desde ahora. No sabemos nada porque no hemos recibido ninguna instrucción», concluyó.
Antes de finalizar el 2024, el Gobierno detalló que se pasará de 3.800 juzgados unipersonales a 431 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial existente en España. Según consideraron, la medida permitirá igualar la carga de trabajo en todos los partidos judiciales y favorecerá que los jueces y magistrados puedan sacar adelante los procedimientos con mayor agilidad. Además, los criterios procesales serán comunes para todos ellos.
1 comentario
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que sepais que siguen llegando pateras y hace casi una semana que ya no nos lo comunican,esta pasando en varias partes de españa,es una orden directa del gobierno