Se ha ido reduciendo el número de pisos que se alquilan a turistas, pero sigue habiendo infinidad de oferta ilegal. | Daniel Espinosa

La lucha contra el intrusismo es el caballo de batalla del Gobierno insular de Vicent Marí desde 2019. Los piratas en el transporte y en el alquiler turístico son los dos objetivos más importantes para un departamento que este 2025 contará con un presupuesto total de 4,2 millones de euros, procedentes del impuesto de turismo sostenible. «Fuimos pioneros en la creación de la oficina», recordó el presidente Vicent Marí en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, «hemos ido mejorando y creíamos que había que cambiar el escenario y poner más medios».

Con este objetivo, el Consell presentó al Govern un «plan de lucha contra el intrusismo» que recibirá un total de 22 millones de euros hasta 2027. Este plan permitirá a la institución dotar a la oficina de más medios y personal para luchar contra esta lacra, centrando los esfuerzos en cuestiones como la persecución del alquiler turístico ilegal. En este sentido, Marí ha explicado que, a partir de 2025 y en coordinación con los ayuntamientos, «se podrán poner sanciones que pueden llegar al valor del inmueble». Y es que, añadió el presidente, «se actuará por las vías urbanística y turística» de tal manera que «el que voluntariamente se arriesgue a alquilar sin tener la correspondiente licencia, puede llegar a perder su inmueble».

El presidente afirmó que los propietarios piratas han de «saber que se enfrentan a esto». «Las multas de hasta 100.000 euros que se han ido poniendo se pagaban y aquí no había pasado nada», según destacó, «pero ahora vamos a subir a cantidades que llegarán al valor del propio inmueble. Pienso que esto será disuasorio. Pero no se trata solo de decirlo. Hay que hacerlo». Y para ello el Consell trabajará de forma coordinada con los ayuntamientos, que son los que pueden actuar por la vía urbanística, al considerar que estos inmuebles se están dedicando a unos usos para los que no están clasificados.

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«En colaboración con los ayuntamientos», insistió el presidente Vicent Marí, «vamos a ejercer una presión que tiene que ser inaguantable para todos aquellos que vienen aquí a hacer negocio y a no dejar nada en la isla. Tenemos que mandarles el mensaje de que esto se ha acabado. Ahora tenemos fondos y equipos para abordar el problema con la máxima contundencia. Esto es Ibiza pero aquí no todo vale».

Entre enero y noviembre de 2024, el Consell impuso y recaudó sanciones por alquiler turístico ilegal por valor de 902.609 euros. Pero fue el Ayuntamiento de Santa Eulària el que en el pasado mes de julio dio a conocer el primer multazo por alquiler turístico ilegal: 143.650 euros. El motivo de la sanción fue que la actividad que se estaba ejerciendo en el inmueble infringía las Normas Subsidiarias de planeamiento que establecen la prohibición en el municipio del uso turístico de este tipo de viviendas. La sanción llevó al propietario del piso a tener que venderlo para poder hacer frente a la misma.

En octubre fue el Ayuntamiento de Eivissa el que anunció la imposición de una sanción de más de 857.000 euros a un propietario por alquilar un piso a turistas de forma irregular durante el verano. Vila utilizaba así por primera vez la vía urbanística para perseguir esta actividad. Una medida que se había acordado previamente entre el Consell y los consistorios en el Consell de Alcaldes. Un mes más tarde, el mismo ayuntamiento daba a conocer la tramitación de otra multa por valor de 450.000 euros por el mismo motivo. En este caso, el sancionado era el propietario de un piso que había sido denunciado a través de la Línea Verde por alquilarlo ilegalmente a turistas a través de Airbnb. «La impunidad se ha acabado», advirtió entonces el alcalde, Rafa Triguero, «y reiteramos que las casas sin licencia turística son para vivir en ellas».