En febrero de 2022, la Justicia decretó la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Sant Antoni, Pep Tur ‘Cires’, y contra Cristina Ribas, quien fue exteniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo en el municipio portmanyí. Ambos debían responder por un delito de prevaricación administrativa por la paralización de la actividad de un chiringuito instalado en Cala Gració.
Este jueves en Mallorca se va a celebrar una vista a prevención que las salas de la Audiencia señalan por si existe alguna posibilidad de conformidad, tratando de evitar citar a todos los testigos. «Obviamente, en este caso, no va a haber ningún acuerdo», declaró este miércoles a este rotativo la letrada defensora Ascensión Joaniquet.
Ribas, por su parte, se limitó a señalar que se sentía «bien tranquila» antes de participar en la vista.
La sociedad responsable del chiringuito, Bambagas S.L., presentó contra Tur y Ribas una querella al considerar que la instalación tenía todas las licencias necesarias para iniciar la actividad, reclamando para cada uno de los acusados una pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un plazo de 12 años.
La instalación del quiosco-bar se llevó a cabo tras obtener una autorización de la Dirección General de Costas después de recibir permiso por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni. La estructura estuvo instalada un par de veranos. Sin embargo, su presencia en un lugar emblemático de la costa levantó numerosas críticas y el equipo de gobierno presidido por Tur acabó paralizando la actividad.
En una comparecencia en sede judicial en octubre de 2018, el entonces alcalde manifestó que ellos siempre actuaron en cumplimiento de la Ley. Por su parte, la representación legal de la propiedad del chiringuito subrayó que el cierre del quiosco respondió a una «manifiesta voluntad política» y ocasionó unas pérdidas que debían tener un retorno.
Según publicó en mayo de 2019 Periódico de Ibiza y Formentera, la propiedad formalizó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Sant Antoni por «daños y perjuicios» exigiendo una indemnización de 672.412,89 euros «en concepto de daño emergente y lucro cesante».
La empresa señaló entonces que al amparo de las autorizaciones obtenidas «completó todos los trabajos necesarios para poner en marcha su actividad», como la contratación de personal y proveedores. Con todo listo para la apertura, «sorprendentemente» se le impidió iniciar la actividad, dada la omisión del deber municipal de expedir el correspondiente certificado de final de obra y el decreto que le recordaba que no podían abrir hasta obtener el documento.
4 comentarios
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Al final le darán el título de beach club... ya pasó con el chiringuito de cala Bassa que todos disfrutábamos de una playa familiar paso a llamarse beach club cala Bassa resort enterprise corporation.. pa flipá Entre que no hay pisos donde vivir y playas donde echar la toalla vamos apañados. Esos palmeros aplaudiendo políticos clap clap club
Madre mía, que vaya yo a defender a un político ... Licencia concedida por el anterior gobierno, que apesta a corrupción (presuntamente) y para una cosa que hace bien Cires que es revocarla, lo llevan a los tribunales. Nunca se debería haber dado esa licencia en zona protegida y se va a por un político que intenta arreglarlo, increible
Puffimagina tener un despacho de abogados y que PP o PSOE sean clientes tuyos, te puedes jubilar que todavía tendrás trabajo
,,, en este Pais. ser abogad@ defensor de algún polític@, o en su caso, algún Partido,,es la mejor forma de forrarse.