El presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Ibiza explica que la oferta es muy baja y, por ello, se disparan los precios.

La reforma de la ley de alquileres amplió el derecho de los inquilinos a permanecer en la vivienda incluso después de la finalización del contrato. Una modificación en las prórrogas y plazos del alquiler que obliga al arrendador a respetar una duración de la prórroga mínima de cinco años si es persona física o de siete si es persona jurídica.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Ibiza, Ricardo Sánchez, recordó que esta norma tiene como objetivo ofrecer mayor protección a los arrendatarios cuyo contrato se firmó después del 6 de marzo de 2019. Así lo establece el Real decreto ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que introdujo importantes modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

«La normativa en los últimos años se ha enfocado en proteger a los inquilinos y ha provocado que cada día salgan más viviendas del mercado de alquiler porque los propietarios no tienen ninguna seguridad jurídica y prefieren no alquilar su vivienda», lamentó Sánchez a Periódico de Ibiza y Formentera, resaltando que «cada nueva medida de vivienda que se impulsa es más destructiva para los propietarios que la anterior».

Precios disparados

En esta misma línea, precisó que, debido a esta poca protección para los arrendadores, la oferta es muy baja y, por ello, se disparan los precios.

«Si un propietario saca un piso al mercado y es el único que se oferta, tendrá a 20 personas esperando esta vivienda pida lo que pida», agregó, haciendo hincapié en que esta modificación afectó hace años a la Ley de Arrendamientos Urbanos en la Ley de Vivienda. «La última modificación incluyó que el contrato de alquiler obligatorio tenía que ser como mínimo de cinco años. Estamos hablando del alquiler de vivienda habitual para todo el año», manifestó e indicó que no hay posibilidad de ejecutar un contrato de menos de cinco años.

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«Aunque las partes llegaran a un acuerdo para reducir la duración, la obligatoriedad del contrato para el propietario es de cinco años. Fue una modificación de las medidas urgentes que se aprobó hace tiempo», afirmó.

En esta misma línea se mostró el delegado en Ibiza del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (APIs), Zenón Helguera, quien insistió en que esta renovación tácita del contrato de arrendamiento es de cinco años para personas físicas y siete años para personas jurídicas. «No hay ninguna novedad al respecto; son las renovaciones habituales que se presentan en la LAU», apuntó.

Asimismo, Ricardo Sánchez también habló sobre las principales novedades de la nueva Ley de Vivienda – aprobadas hace un año y medio – que implantaron varios requisitos que, según el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Ibiza, lo único que han hecho es «rizar el rizo», generar más «inseguridad a los propietarios» y, por ende, se vive una caída de la oferta del alquiler. También indicaron desde este colectivo que en esta modificación se incluyen cuestiones relacionadas con la situación económica y familiar y que, en caso de vulnerabilidad, queda prohibido el desahucio.

«Si un propietario quiere ejecutar un procedimiento de desahucio no podrá hacerlo si se demuestra que la familia con menores, que vive en la vivienda, se encuentra en riesgo de exclusión social», recordó, explicando que hay propietarios que, tras estas medidas, buscan alquilar sus casas a personas que no tengan hijos.

«Llevaron a cabo una serie de modificaciones con el objetivo de proteger más al inquilino y, lo que han logrado, es perjudicar mucho a los caseros; hay mucha gente que no quiere alquilar las viviendas debido a los requisitos que piden a los propietarios porque si los arrendatarios se declaran en situación de vulnerabilidad, no se podría ejecutar un desahucio si hay menores», concluyeron.