Joan Miquel PerpinyàIbiza15/09/24 0:30
TW23

Hay que pensar que la dirección de la Federación Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) no ha leído el escrito de la Fiscalía por el que pide apertura de juicio oral en el caso Puertos. Sólo así se explica que salgan en defensa del exalcalde de Vila, Rafa Ruiz, hasta el punto de exigir al resto de partidos políticos que también le den apoyo. Pongan un ejemplo, uno sólo, de un político de cualquier otra formación que al ser imputado haya recibido el respaldo de los socialistas. No ha sucedido jamás. Más bien todo lo contrario: se exigía su dimisión a las primeras de cambio, triturando la presunción de inocencia.

Llama la atención, además, que habiendo sido la palabra de la Fiscalía Anticorrupción más poderosa que ninguna otra cosa en decenas de casos de presunta corrupción en Baleares, ahora los socialistas ibicencos denostan al Ministerio Público y se muestran convencidos de lo mucho que se equivoca y lo perfectamente correcto que lo hizo todo el exsecretario general de la Agrupació Socialista d’Eivissa.

Lo prudente y lo que dictan las normas internas de los socialistas, es que tan pronto se abra juicio oral con acusación formal contra Rafa Ruiz, este debe dimitir y pedir la baja voluntaria del partido. «En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido», dice el código ético del PSOE. Pero con el comunicado de la FSE-PSOE hay que perder toda esperanza de que lo hagan.

Si en idéntico trance se hallara un concejal del PP, los socialistas montarían un escándalo sin precedentes y con razón. Y aquí se pone de manifiesto una radical diferencia entre socialistas y ‘populares’: los últimos no han salido en tromba a cobrarse la cabeza política del exalcalde de Vila entre 2015 y 2023, en mala hora. Es cierto que en mayo del año pasado ya le dieron el castigo que merecía al infligirle una dolorosa derrota en las urnas y mandarlo a la oposición. Pero es que ahora, la Fiscalía –además de la acusación particular– reclama para el exprimer edil Rafa Ruiz una condena a tres años y 23 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación continuada y otro de fraude.

No se alcanza a comprender por qué sale la FSE-PSOE a defender a Ruiz y no deja que sea él quien se defienda. A no ser que, como cabe sospechar, aquella operación relatada por la Fiscalía, por la que los acusados se concertaron para amañar el concurso en favor del Club Náutico de Ibiza, fuese realmente una operación política pergeñada por el partido. Se trata de una sospecha fundada, pues venir ahora con el cuento de que Ruiz «cumplió con el mandato político de las instituciones, manifestado por unanimidad de todas las fuerzas, con la aprobación de los acuerdos de defensa del Club Náutico», es una burda tomadura de pelo. Aquellas resoluciones jamás ampararon la comisión de delitos, que es de lo que se acusa a Ruiz y de lo que debe defenderse, no de otra cosa.

Lo sucedido con el Club Náutico de Ibiza fue, de principio a fin, un auténtico despropósito. Lo demuestra el hecho de que también su presidente Juan Marí Marí, también se enfrenta a una petición de pena de tres años de cárcel y 17 de inhabilitación como cooperador necesario del delito de prevaricación continuada y autor de un delito de fraude.

Hubo gente que llegó a pensar que, gracias a aquel respaldo político de las autoridades, cualquier cosa podía hacerse para que las cosas continuasen como siempre. No calcularon que había límites que no debían ser traspasados: la Ley. Y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Baleares anulando las sucesivas concesiones al CNI, demuestran que se retorció la Ley para beneficiar al CNI. Y eso puede tener graves consecuencias penales.