Pisos en Vila. | ARGUI ESCANDON

Los municipios de la isla de Ibiza podrán sancionar vía ordenación urbanística los pisos que se alquilen a turistas, práctica completamente prohibida desde hace años pero que hasta el momento únicamente se podía sancionar por la vía turística a través del Consell d’Eivissa. Ése fue el gran anuncio realizado este viernes por el presidente del Consell    d’Eivissa tras el Consell d’Alcaldes.

La nueva regulación, según se explicó en la rueda de prensa, consistirá en perseguir también el alquiler turístico por la vía urbanística, además de por la turística. Es decir, «más allá de la prohibición que hay de la ordenación turística, habrá una prohibición en cuanto al uso», afirmó Vicent Marí. Por ello, se establecerán dos vías para multar a estos pisos, la urbanística y la turística.    Estas sanciones, según añadió el presidente, serán acumulables. De este modo, si las municipales pueden llegar a suponer el 75% del valor de la vivienda, unidas a las sanciones de la autoridad insular podrían llegar a superar el importe total de la vivienda.

Reacciones

En relación a estas nuevas medidas se ha pronunciado José Antonio Roselló, vicepresidente del CAEB Pitiusas, quien aseguró «recibir muy positivamente esta iniciativa» y agradeció al Consell d’Eivissa su labor como coordinador e impulsor. Además, agradeció también la entrada de los ayuntamientos en un nuevo papel ejecutivo y quiso destacar el papel de «avanzadilla» de Vila y Santa Eulària, de quien espera tener pronto el resultado de los expedientes que ya están planteados.

Roselló definió la lucha contra los alquileres ilegales como «una guerra de larga duración», en la cual medidas como las aprobadas en el    último Consell d’Alcaldes van a dar nuevas herramientas para sancionar. Para el representante de la patronal CAEB en las Pitiusas, esta medida puede ayudar a paliar el problema de la vivienda. Sin embargo, destacó que «no es seguro que las viviendas de alquiler ilegal se reconduzcan al circuito tradicional».

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Roselló también habló de masificación, un problema «que no es del sector hotelero sino de estas actividades ilegales» en su opinión. Por último, quiso hacer un reconocimiento a ese alquiler vacacional que sí que está dentro de la ley y que no debe ser «demonizado» ya que es una alternativa más a la oferta turística.

De una manera muy similar se pronunció Alfonso Rojo, presidente de la patronal Pimeef, quien mostró «todo su apoyo» a las instituciones para que se implanten estas medidas y se activen todos los mecanismos disponibles para acabar con el intrusismo.

Para Rojo «acabar con una lacra como es la de los pisos turísticos es muy importante a nivel social» ya que estos usos crean una burbuja artificial que nada tiene que ver con la realidad «ni de las personas ni de las empresas».

Manuel Sendino, gerente de la patronal hotelera también valoró «muy positivamente» las medidas anunciadas. Que los cinco municipios de Ibiza unifiquen sus criterios «contribuye a la claridad y a que todos tengan el mismo pensamiento y orden de las cosas». Afirmó «estar convencido» de que, tarde o temprano, ayudará a reducir la presión sobre el precio de la vivienda en la isla.