Lafuente: «Nos preocupa mucho la salinidad de las aguas que llega a las depuradoras de Ibiza»

—El nivel de los pozos en Ibiza está bajando de forma alarmante y la lluvia no llega. ¿Tiene previsto la conselleria declarar el estado de sequía en la isla?

—La Dirección General de Recursos Hídricos va declarando los estados de alarma, prealarma. La sequía la decreta la Conselleria de Agricultura. Ahora mismo, estamos en Ibiza en fase de prealerta. La situación evidentemente es grave. Lo que hay que hacer es extremar las medidas para que no lleguemos a la situación de alerta.

—¿Qué medidas?

—Hemos pasado todo el verano en prealerta. Las últimas lluvias han mejorado un poquito la situación y esperemos a ver si tenemos un otoño lluvioso. Pero, ante un problema tan complejo como este, hay que huir de dogmatismos y de ideas preestablecidas. Hemos de aplicar todas las medidas posibles. Desde la más general, que es concienciar a los ciudadanos y hacer campañas para que la población se dé cuenta de que hay que hacer un uso racional del agua. Hasta disminuir las pérdidas y hacer inversiones en toda la red. Hay que intentar no sobreexplotar los pozos y buscar el uso de recursos no convencionales como las desaladoras. Además, hay que tener ordenanzas municipales que penalicen los consumos excesivos de forma contundente. Hemos de tener una normativa de precios del agua que disuada del mal uso. Y hay que prever inversiones en estos recursos no convencionales para que puedan descansar los acuíferos. Todas estas medidas hay que aplicarlas y de forma coordinada con los ayuntamientos.

—Pero esta situación no es nueva y usted me habla de medidas que hace años que debían de haberse implantado, como el control de las fugas de agua.

—Sí, debería haberse empezado mucho antes. Igual que la separación de las pluviales de las aguas residuales. Nosotros desde el Govern ya el año pasado establecimos con los consells una línea de ayudas para reducir las fugas y las pérdidas de agua. En esa cuestión todos los ayuntamientos están en trámite o han tramitado ya sus planes de gestión sostenible del agua. Estos planes evalúan sus recursos y la cantidad de fugas y se hacen inversiones para evitarlas. Hay avances significativos ya pero hay zonas que van más rápido y otras no tanto.

—Estas medidas son casi todas a largo plazo.

—Sí, pero hay otras a corto, como las campañas de concienciación, que desde el Govern llevamos tiempo haciéndolas. Luego hay otras acciones que vamos a hacer ya como la ampliación de la desaladora de Santa Eulària, que este año saldrá ya a concurso. También es importante el proyecto que teníamos para que en invierno se aproveche el agua desalada para así regenerar los acuíferos. Tenemos un proyecto del Ayuntamiento de Ibiza en este sentido. Se está haciendo un ensayo de infiltración en Can Guasch, intentando almacenar en el subsuelo agua desalada en los periodos en los que no hay demanda máxima. Además, se ha puesto en marcha la balsa de Santa Eulària para la reutilización. Está claro que, si no abordamos este problema complejo desde todos los frentes, será difícil de solucionar. Por otro lado, es también importante que llueva, pero eso no depende de nosotros.

—Los agricultores de Ibiza creen que, si las cosas siguen así, al campo le quedan unos seis meses de vida. ¿Comparte esta visión del problema?

—Entiendo que estén preocupados porque la situación es de prealerta. Pero, vamos a ver si aplicando todas estas medidas, no sucede así.

—¿Hay un exceso de pozos en Ibiza o la situación es normal? ¿Hay nuevas solicitudes?

—En Ibiza tenemos ahora mismo 6.604 pozos registrados. El 44% son de uso doméstico. El 30% son de regadío. El 9% son de geotermia. La venta en camiones es un 0,3%, con un volumen de 0,6 hectómetros cúbicos. Y hay un 17% de pozos que son de otros tipos. Y en Formentera hay 329 pozos registrados, de los que el 47% son domésticos, el 5% son de regadíos, el 9% de geotermia y hay un 14% de captación de agua de otros usos.

—Y la situación con respecto a estos pozos, ¿cuál es?

—Es complicada porque es una situación de prealerta. Estamos en una situación límite. Pero, por ejemplo, en Formentera, que es la isla que tiene una peor situación de lluvias, el suministro con la producción de la desaladora está asegurado. Es decir, curiosamente, la isla en la que tenemos una situación de menos lluvia, el abastecimiento está garantizado por tener una desaladora dimensionada y con un aprovechamiento posterior a la balsa de recogida importante. En todas las islas tenemos un problema a abordar que es el de la salinidad de las aguas que llegan a las depuradoras. Es un problema que nos preocupa mucho. Uno de los más graves. El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado para su financiación con fondos del ITS un proyecto para detectar las entradas de agua salada en la red de aguas sucias. El índice de sal es muy elevado y al llegar a la depuradora no se puede depurar bien. Se depura adecuadamente pero tiene demasiada sal y eso hace que no podamos reutilizarla. Y eso es muy preocupante. Se invierte mucho en tener las depuradoras en condiciones, millones de euros cada año, pero el agua no se puede reutilizar porque el agua sale limpia pero con un índice de sal muy elevado. Si tiras ese agua en cualquier sitio, te cargas el campo. En este caso también hay que concienciar a la población porque no solo hay entradas de agua salina en la red de aguas sucias sino que también se producen vertidos privados de agua con bastante sal.

—Tenemos tres desaladoras activas y dicen que no es suficiente, sobre todo en verano. ¿Cuál es la realidad de estas infraestructuras?

—Tenemos tres desaladoras que funcionan al 100% en verano y vamos muy justos en la producción de agua desalada. La previsión es tirar adelante una nueva línea de desalación en la desaladora de Santa Eulària y prever una cuarta desaladora, que tendría que estar en la zona de Sant Josep. La conselleria ha presentado también un expediente al fondo del ITS para preparar el proyecto de esta cuarta desaladora. Hemos de tener la tranquilidad de una aportación de agua desalada que suponga la disminución de la presión sobre los acuíferos. El principal objetivo no es aumentar los consumos sino disminuir la presión sobre los acuíferos para que no se agoten y que se puedan regenerar. Es fundamental tener asegurado el suministro para no cargarnos los acuíferos. Es uno de los objetivos más importantes que tenemos.

—¿Sería agua para uso doméstico?

—Sí. De hecho, este año hemos aportado agua desalada a la balsa de Santa Eulària para conseguir bajar su salinidad y que pueda ser de uso agrícola. El agua desalada también ha de llegar a las casas.

—¿Tiene calidad suficiente como para beber agua del grifo? Hay gente que cree que no es así.

—Por supuesto que sí. Es más, la calidad del agua desalada es superior a la de muchos pozos, sobre todo los sobreexplotados, que tienen más sal y nitratos.

—No hay agua, no llueve, pero cada vez tenemos más villas con grandes piscinas y enormes extensiones de césped. Se toman medidas como quitar las duchas de las playas pero da la impresión de que no se actúa contra los que son realmente los grandes consumidores de agua. ¿Cuál es la realidad?

—Los grandes consumidores, los que abusan del agua, han de tener una penalización vía ordenanzas municipales. Son un elemento que tienen los ayuntamientos en su mano para que los grandes consumidores se desincentiven de gastar agua. El precio tiene que ser con escalas. Los tramos normales y habituales, en función del número de personas que hay en la casa, se conocen. Cuando uno consume más, se dispara el precio. Hay que castigar a los grandes consumidores y que paguen muy por encima del coste de producción. Si mantienen esos grandes consumos, que como mínimo contribuyan de forma sustancial a las grandes inversiones que tiene que hacer la Administración para el suministro.

—El sector turístico es el principal gran consumidor de agua. ¿Qué se hace con este sector? ¿Por qué las campañas parece que se dirigen solo al residente?

—Las campañas se dirigen a todo el mundo. Muchos establecimientos turísticos están implantando ellos mismos redes de reutilización de agua y, además, saben que el consumo elevado es penalizado.

—La nueva depuradora de Ibiza aún no ha sido inaugurada y los vecinos de Sant Rafael ya dicen que apesta. ¿Qué está pasando?

—Ahí lo que se ha detectado el tema de la salinidad del agua. Si el agua llega con mucha sal, cuesta más hacer la depuración y no es correcta. Las depuradoras están diseñadas para depurar agua con índices más bajos de salinidad. Por eso es fundamental el proyecto de Vila para detectar el agua salada en el alcantarillado. Si el agua que llega a la depuradora no tiene exceso de sal, no tiene que oler. Si llega con mucha sal, el proceso de depuración no puede funcionar correctamente y se producen olores. Por eso es muy importante el esfuerzo que se haga en detectar intrusiones de agua salada en la red de depuración y, sobre todo, en la red de saneamiento.

—Es una infraestructura nueva y ya hay quejas. Y la solución no es inmediata sino a largo plazo. Va a ser difícil que la gente lo entienda.

—Sí, así es. Nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento de Ibiza para rebajar la salinidad del agua que llega a la depuradora y detectar estos puntos por los que entra el agua salina para repararlos. Además, vamos a establecer líneas de ayuda a los ayuntamientos para evitar la entrada de agua salina.

—¿Cuándo cree que será la puesta en marcha oficial de la nueva depuradora?

—El miércoles estuvimos con el secretario de Estado de Medio Ambiente tratando este tema. Esperemos que a finales de este año o principios de 2025, si se arreglan los temas pendientes, lo podamos poner en marcha.

—En pleno siglo XXI, vivimos en unas islas donde la separación de redes pluviales y fecales parece una utopía. ¿Debería el Govern presionar a los ayuntamientos para que solucionen este problema?

—Es también un problema complejo y hay que atacarlo por todos los lados. Es una lástima que se hayan perdido oportunidades como, por ejemplo, al hacer una calle o una avenida nueva, no se haya hecho esta doble red para recoger de forma separada el agua de lluvia y las aguas residuales. En todas las licencias de obras y reformas, los ayuntamientos deben exigir la separación, tanto en obras nuevas como en rehabilitaciones. Y la recogida en patios interiores y cubiertas debería ser también separativa. Es algo que hay que exigir para poner solución al problema. Es fundamental que los ayuntamientos exijan esto en las licencias y que lo hagan en las obras públicas. Además, se puede intentar en grandes superficies hacer esta separación. Es una lástima que no hayamos podido avanzar y prever esto con tiempo.

—Dirige usted también la Conselleria del Mar y el Ayuntamiento de Ibiza le acaba de solicitar poder gestionar las infraestructuras de las playas por una cuestión de orden y control. Ya mostró su predisposición a aceptar esta petición e, incluso, habló de hacerla extensiva a todos los municipios costeros del archipiélago. ¿Por qué cree que sería positivo?

—El Ayuntamiento planteaba puntos concretos que son más problemáticos porque se produce embarque y desembarque de pasajeros y hay acumulación de gente. A mí me parece positivo que el Ayuntamiento solicite autorización temporal o concesión de esos puntos y se haga cargo, como Administración más cercana, de controlarlos. Hay herramientas legales para hacerlo. Hay que estudiar cada caso concreto pero estamos abiertos a que cualquier ayuntamiento que vea puede solicitar estas autorizaciones lo haga.

—Tanto en Ibiza como en Formentera los fondeos están completamente descontrolados. ¿Por qué es tan difícil hacer cumplir la ley en este caso? ¿Qué tiene previsto hacer?

—Es otro de los problemas complicados que hay que resolver. Hay que tener en cuenta que la comunidad autónoma tiene competencias en sus puertos, en Ibiza es el puerto de Sant Antoni. En las zonas donde hay bastantes fondeos ilegales, si no tienen título ni han solicitado autorización para tirar un muerto, es el Estado, la Demarcación de Costas de Baleares. el competente para sancionar. Nosotros somos competentes para tramitar la petición de autorización. Esta semana hemos solicitado al ministerio que nos cedan la competencia para poder actuar en zonas portuarias y así poder regularlo. O que el ministerio lo haga. Nosotros tenemos la competencia en la gestión y tramitamos los permisos. Pero los que están totalmente ilegales ha de sancionar el ministerio y hemos creado una comisión de seguimiento para intentar ir poniendo orden en las zonas más complicadas. En Ibiza es la zona de Talamanca y queremos que sea el Ayuntamiento el que pida la concesión de esa zona y pueda poner orden frente a la situación de alegalidad actual. Pero insisto, la competencia para sancionar es de la Demarcación de Costas. Si el Ayuntamiento de Ibiza nos plantea una concesión para un campo de boyas, serán ellos los competentes. En Menorca, por ejemplo, en muchas playas se constituyen asociaciones de amarristas que solicitan la autorización con un proyecto de campo de boyas hecho por un ingeniero. Esto hace que los ilegales desaparezcan. La concesión la tiene la asociación. Si hay un titular de una zona de boyas legal, desaparecen los ilegales. El problema es que muchos ilegales se han ido asentando con el tiempo.

—¿Serían entonces los ayuntamientos los que otorgaran estas concesiones a asociaciones de amarristas o vecinos?

—Sí, podría gestionarlo el ayuntamiento o una asociación. Con esto tienes un proyecto, un sistema de anclaje respetuoso con el fondo, una persona responsable… Vas convirtiendo zonas totalmente anárquicas en zonas ordenadas. Es verdad que hay algunos sitios donde será complicado porque se ha asentado el fondeo ilegal pero la competencia para sancionar ahí sigue siendo de la Demarcación de Costas. Nosotros tenemos algunos proyectos que están cerca de puertos autonómicos y es la propia comunidad autónoma la que lo promueve. Además, en breve saldrá a exposición pública la ley de gestión integral de la costa de Baleares. Y en esa ley promovemos que haya planes de gestión del litoral insulares y de gestión de playas concretas. Estos últimos serían competencia de los ayuntamientos. El objetivo es que tengamos cada playa ordenada y una visión insular de la costa. En esta ley se prevé que las asociaciones de amarristas y de vecinos puedan gestionar ellos, garantizando la transparencia y el no ejercicio de actividades mercantiles. Es una colaboración público-privada para dar servicio a los aficionados al mar, fundamentalmente a los residentes.

—Muy vinculado a este problema de los fondeos ilegales está el de las praderas de posidonia. Se habla mucho del mal estado de las praderas de posidonia. ¿Es real esta denuncia o es solo ruido?

—Los datos que maneja la Dirección General de Medio Natural indican que se ha abierto expediente en Ibiza a unas 2.000 embarcaciones. Es un número importante. A mí me gusta navegar y en dos ocasiones se ha acercado la embarcación de la conselleria para revisar. Los navegantes sabemos que tenemos que respetar la posidonia y que hay un servicio de vigilancia que nos advierte si estamos mal fondeados. Es una vigilancia activa. Yo soy optimista en esta materia. Siempre se pueden encontrar cosas a mejorar y siempre vas a encontrar a gente que no cumple, pero creo que se está haciendo un buen trabajo.

—Para acabar, entre los acuerdos alcanzados por el PP con Llorenç Córdoba para la investidura de Marga Prohens tenían especial relevancia los relativos a la conselleria que usted dirige. ¿En qué situación están estos compromisos?

—En Formentera se están tramitando mejoras de la depuradora. Además, se está tramitando también un proyecto de ampliación del depósito que acumula agua desalada y garantiza que haya suficiente agua para abastecer. Estamos cumpliendo el acuerdo y estamos dispuestos a colaborar con el Consell en las mejoras que hagan falta para el ciclo del agua.