Sant Antoni quiere instalar en el municipio 60 cámaras de videovigilancia a través de la ecotasa

En concreto, las iniciativas presentadas por Sant Antoni ascenderán a 3.381.383,84 euros. «Hemos trabajado mucho con la Policía y hemos presentado propuestas como la ampliación del número de cámaras de seguridad en el municipio, una herramienta que nos está funcionando muy bien», comentó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera Neus Mateu, primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, entre otras áreas.

60 más

Según apostilló, si al llegar al Consistorio había 10 cámaras de vigilancia, en la actualidad hay 34 «y pensamos ampliarlas, si podemos, en 60 más. Es una inversión muy grande que llevaremos a cabo a través de la subvención». Otro objetivo inmediato de Sant Antoni es adquirir a través del ITS un nuevo dron con más funciones que el actual. Además, el Ayuntamiento quiere crear 10 nuevas plazas de agentes de Policía Local.

«También, la subvención nos ayudará a cubrir el pago de horas extras de los agentes, que es algo que ya hacemos a través del Plan de Seguridad Municipal. Son cosas positivas porque nos permitirán aplicar el Decreto, que es realmente complejo», insistió Mateu.

Realizar campañas informativas dirigidas a los visitantes sobre el contenido de la norma estará también entre los proyectos, dándoles a conocer además las ordenanzas municipales. En este sentido, Mateu recordó que en Sant Antoni lo que se está aplicando ahora es precisamente el cumplimiento de estas ordenanzas puesto que el Decreto incide básicamente en los establecimientos que ya conocen las normas y, por ello, se han reducido las infracciones, según la edil.

Sobre la petición de que también otras zonas de Ibiza fueran zonificadas, Mateu recordó que en reuniones con el Govern balear ya se puso sobre la mesa este tema, «aunque el debate todavía está por cerrar». La concejala y primera teniente de alcalde explicó que se han llevado a cabo varias modificaciones del Decreto de turismo responsable puesto que inicialmente contenía aspectos con los que Sant Antoni no estaba de acuerdo. Entre ellos, la carta que se obligaba a firmar a los turistas nada más llegar a los hoteles responsabilizándose de su comportamiento durante las vacaciones.

«Después de hacer tantas campañas e inversiones en la planta hotelera, no nos parecía algo positivo, por lo que fue modificado», insistió. La edil reconoció que la aplicación del Decreto es «compleja» al incidir principalmente en los establecimientos ubicados dentro de la zonificación.

«Otra reclamación nuestra es que queríamos que se incidiera más en el infractor. Nos hemos centrado en combatir el consumo de óxido nitroso y es algo clave para nosotros», puntualizó. En este sentido, la concejala reconoció que este problema, además de en el West End, se ha trasladado últimamente a la zona del paseo marítimo por donde pasean numerosas familias, aunque la falta de recursos complica al Consistorio poder actuar contra los vendedores de esta sustancia.

Modificación

El pasado mes de mayo, el Consell de Govern aprobó la modificación del Decreto ley 1/2020, de regulación contra el turismo de excesos, que a partir de ahora se llama «por el turismo responsable y la mejora de la calidad de las zonas turísticas».

Como novedad más destacada, con la modificación queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en las zonas afectadas por el Decreto, exceptuando terrazas o zonas legalmente habilitadas. Las sanciones por incumplimiento de esta norma van de 500 a 1.500 euros.

Asimismo, se incluye la reserva de los 4.000.000 euros anuales para cada uno de los municipios afectados con los que podrán financiar proyectos referentes a medidas de mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable.

Sobre la zonificación, en Sant Antoni se decidió mantener el área afectada a diferencia de en otros municipios. Por otra parte, se establecía el deber por parte de los ayuntamientos de informar a los consulados que forman parte de la Comisión de Excesos del número de incidencias detectadas por incumplimiento de las ordenanzas cívicas municipales.

El Govern explicó que el cambio de nombre del Decreto está motivado por la necesidad de poner en valor su objetivo e incidir en la idea del turismo responsable, considerando además que el título anterior no favorecía la imagen de la principal industria de Baleares.