Dos cuestiones centraron ayer, por encima del resto de materias, el discurso institucional del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí. Estos temas fueron la problemática de la vivienda con un aumento de los asentamientos precarios, y la masiva llegada de pateras a Ibiza y Formentera. En este sentido, el portavoz del Govern balear, Toni Costa, señaló ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que ambas cuestiones son de «máxima preocupación» para el Ejecutivo autonómico desde hace mucho tiempo porque, indicó, es «la triste realidad que estamos viviendo» como consecuencia de los problemas de acceso a una vivienda digna y de la ruta migratoria consolidada desde el norte de África, respectivamente.
«Llevamos mucho tiempo avisando al Gobierno central de que existe esta ruta, concretamente desde Argelia», explicó ayer Toni Costa, resaltando que es una situación que Baleares lleva padeciendo durante años, pero en el caso de Ibiza y Formentera se está viviendo con una «especial virulencia» porque la llegada a la costa sur de Baleares está siendo masiva. «Estamos muy preocupados y vemos que el Gobierno central, que es la institución que asume de facto las competencias en materia de inmigración, no hace absolutamente nada», lamentó e indicó que es necesario centrar la política de inmigración especialmente en los países de origen.
Luchar contra las mafias
«Se trata de que las mafias para el traslado de inmigrantes ilegales no puedan embarcar a ciudadanos desesperados en el norte de África», subrayó Toni Costa. En esta misma línea, explicó que no puede ser que Argelia siga sin colaborar en esta misión, pero, según destacó, es más desolador que el Gobierno de España deje a su suerte las costas de Baleares. Asimismo, tal como señaló Marí en su discurso, recalcó la falta de recursos e infraestructuras que padece Baleares para acoger tanto a menores migrantes como también a núcleos familiares y adultos. En este sentido, el vicepresidente Toni Costa recordó cómo este pasado miércoles desde el Govern balear se habilitó una partida extraordinaria para paliar esta situación en las islas con la llegada masiva de pateras.
Esta medida, apuntó, consiste en una línea de subvenciones para los consells insulars con el objetivo de asumir los sobrecostes de la crisis migratoria derivada de la entrada de menores migrantes no acompañados a Baleares. Según indicó Catalina Cirer, consellera de Familias y Asuntos Sociales, este gasto extra podría elevarse hasta los 40 millones de euros. Cabe recordar que, en lo que va de año, han llegado más de 2.400 personas a las costas de Baleares, lo que representa un 150 por ciento más en relación con el año anterior.
Informe de 2016
En relación a esta problemática, el senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, también destacó ayer esta falta de medios en las Pitiusas para atender a las personas inmigrantes, pero, sobre todo, lamentó la situación en la que se encuentran los vecinos y trabajadores de Ibiza. «No pueden vivir de forma digna como consecuencia de la problemática de la vivienda», insistió. Al respecto, destacó con preocupación que Cáritas Ibiza ya emitió un informe en 2016 en el que denunciaba la cantidad de trabajadores de la isla que no disponían de un hogar digno en Ibiza. «El Govern balear debería aplicar la ley de vivienda estatal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez», apuntó Juanjo Ferrer, resaltando la necesidad de construir más viviendas destinadas a alquiler social y a precio asequible porque, según el senador de Ibiza y Formentera, España está a la cola de Europa en esta materia.
«Con la actual Ley de Vivienda de Baleares, el Govern balear se queda corto para poder paliar esta grave situación de acceso a la vivienda porque estas medidas son normas urbanísticas que poco van a modificar esta realidad», apuntó Juanjo Ferrer, haciendo referencia a cómo esta normativa permite realizar cambios de usos de locales comerciales en viviendas o habilitar una nueva planta para incrementar la capacidad de alojamiento, pero no permite declarar Ibiza como zona tensionada de alquiler para limitar los precios. «Incluso muchos ayuntamientos de Balares no quieren aplicar esta normativa balear», puntualizó Juanjo Ferrer a este medio.
Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Roselló, mostró su «decepción» por el discurso institucional de Vicent Marí y le exigió «medidas reales» por la ciudadanía, por los visitantes y por los trabajadores.
Roselló recordó que Vicent Marí hace «más de cinco años» que preside el Consell «sin actuar para resolver los problemas que plantea» y que sigue «hablando de grandes pactos y de reuniones» donde no se pone «absolutamente ninguna medida firme encima la mesa».
1 comentario
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"",, mientras chupe por parte de la UE, el País emisor, los receptores y las ONGs de intermediarios, esto continuará,,,"", pues se ve que alguna cabeza pensante ha leído lo que pienso de este tema .