A la izquierda, Toni Ribas (gerente de Herbusa) y el abogado José Ramón Buetas, este sábado en rueda de prensa. | Moisés Copa

La huelga de basuras en los municipios de Santa Eulària, Sant Joan y Sant Josep es «un conflicto injustificado que iba a producirse sí o sí». Así lo consideraron este sábado los representantes de la empresa Herbusa y de la UTE Es Vedrà que denunciaron el incumplimiento de los servicios mínimos decretados.   

Repasando lo acontecido en este grave conflicto, el abogado José Ramón Buetas explicó que las negociaciones comenzaron en diciembre y, sorprendentemente, las peticiones no se han variado en todo este tiempo, por lo que criticó la «rigidez» de la otra parte a la hora de negociar.

«Es la historia de un conflicto anunciado. Tenemos la impresión de que esto estaba programado para que el conflicto existiera fuese lo que fuese», insistió el letrado, quien reiteró el «carácter inamovible» del comité de empresa y del sindicato CCOO a la hora de negociar.

Trabajadores caminan entre la suciedad de Platja d'en Bossa. | Moisés Copa

Buetas afirmó que, hoy en día, los trabajadores reciben unos salarios que están por encima de los que se reflejan en la mayor parte de los convenios de Baleares. También señaló que, al brindar un servicio público, las contratas tienen limitaciones legales a la hora de aplicar subidas salariales.

Tras la primera noche de huelga, el estado de los camiones destinados a la recogida de residuos fue uno de los puntos discrepantes. En este sentido, Buetas tachó de «absurda» esta cuestión, preguntándose si, de repente, «se han estropeado del viernes al sábado. Es una excusa».

Debido a los problemas en los vehículos, sólo cuatro camiones de un total de 12 cubrieron los servicios mínimos en los tres municipios. El director gerente de Herbusa, Toni Ribas, consideró que «se ha boicoteado la salida de la cochera para que no pudieran salir». La Policía Nacional tuvo que intervenir, posibilitando la salida de los vehículos. «Tampoco han cubierto los servicios mínimos asignados. Como detalle, uno de los camiones regresó con 120 kilos de residuos, cuando lo normal puede oscilar entre los 4.000 u 8.000 kilos, según la fracción», apostilló Ribas.

El futuro

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Sobre el futuro de las negociaciones, los representantes de las concesionarias descartaron que, por ahora, haya un posible acercamiento. Tampoco hay reuniones previstas, después de que «ellos se levantaran de la mesa anunciando la convocatoria de huelga de forma abrupta. Nosotros debemos rechazar categóricamente que se hubiera engañado a nadie. Sólo se hizo un repaso de los acuerdos a los que se llegó en la madrugada del viernes y que se debían reflejar en papel en el Tribunal de Arbitraje y Mediación y fue a la hora de redactar los términos cuando surgieron discrepancias que, para nosotros, estábamos negociando en aquel momento».

Ribas defendió la «flexibilidad» de las empresas en las conversaciones mantenidas, afirmando que la responsabilidad de la ruptura es «única y exclusivamente» de la otra parte.

El gerente consideró que, en el caso de Santa Eulària, la nueva concesionaria que muy pronto se encargará del servicio en el municipio debería participar también en este proceso. Precisamente, la posibilidad de negociar por separado se barajó desde el principio, aunque esta opción fue rechazada de manera tajante por el comité de empresa y el sindicato, según el abogado Buetas.

Una imagen de trabajadores con la Policía Nacional. | R.I.

«El preacuerdo estaba condicionado a que se pudieran ajustar las retribuciones», comentó también Ribas, asegurando que los ayuntamientos es algo que están valorando «porque las administraciones no pueden funcionar con la agilidad de la empresa privada».

El gerente insistió en que la subida solicitada por los trabajadores es «excepcional», por lo que las posturas siguen muy alejadas.

«No sabemos si durará mucho. Es un caso atípico. Habíamos tenido algún conflicto, pero nunca había ocurrido esta ‘no negociación’, donde ha habido una imposición desde el principio y es lo que nos ha llevado a este punto», concluyó Ribas.

Desde las empresas concesionarias criticaron la «actitud» mostrada por el secretario general de CCOO Hábitat Baleares, Miguel Pardo, en las conversaciones mantenidas. También aseguraron que un conductor de su empresa puede llegar a cobrar al año unos 40.000 euros, e incluso algo más, una afirmación que fue rotundamente desmentida por el sindicato.