El Consell citará a los funcionarios de prisiones para intentar ayudar a solucionar su problema de transporte

Mariano Juan ha explicado que estos funcionarios son «un colectivo específico» que necesita para su transporte «unas medidas de seguridad específicas». Por ello, ha puesto en duda que el uso del transporte público convencional sea una solución. Sin embargo, ha dejado claro que su intención es reunirse con ellos, a pesar de que no lo han solicitado, y conocer de primera mano sus reivindicaciones.

El vicepresidente ha recordado que la línea L35, que une el centro de Vila con el barrio de Sa Carroca, donde está el centro penitenciario, tiene dos paradas cercanas al mismo. Pero también ha señalado que es probable que los horarios de esta línea no coincidan con los que necesitan estos funcionarios. A esto ha sumado el hecho de que esa línea es utilizada por quienes van a visitar a los reclusos, por lo que también ha puesto en duda que sea conveniente que viajen en los mismos vehículos que los funcionarios de la prisión.

Mariano Juan, por otro lado, ha dejado claro que el problema que afecta ahora a los funcionarios de prisiones es una más de las consecuencias del abandono de Ibiza por parte de Estado. Un abandono que, ha dicho, esta provocando que la situación comience a ser «dantesca». Y es que, ha subrayado, «no se puede normalizar la retirada del Estado de Ibiza». Una retirada que tiene como consecuencias que sean las instituciones de la isla las que, por ejemplo, tengan que proporcionar vivienda a los funcionarios estatales o, incluso, solares para que la Guardia Civil pueda llevar a cabo explosiones controladas. A esto ha sumado que el Ayuntamiento de Santa Eulària haya tenido que buscar un solar para que la Benemérita pueda construir una residencia para sus efectivos en la isla y que el Consell haya tenido que crear el centro de prácticas para la obtención del carnet de conducir, ante la práctica desaparición de los servicios de la DGT en Ibiza.

En este punto del pleno, el PSOE ha rechazado las críticas dirigidas al Ministerio de Interior y ha exigido al Consell que habilite una línea de autobús que permita tanto a funcionarios como a familiares de los presos dirigirse al centro penitenciario