El presidente Vicent Marí, minutos antes del inicio de la entrevista en el programa 'BNP' de TEF. | Irene Arango

El grave problema de la vivienda en Ibiza y el cada vez más elevado número de asentamientos en los que residen numerosos trabajadores se ha convertido en un quebradero de cabeza para las administraciones en la isla. Así lo ha reconocido el presidente del Consell, Vicent Marí, entrevistado en el programa de la TEF Bona nit Pitiüses (BNP). Una entrevista en la que el presidente afirmó sentir «vergüenza» ante las imágenes de cada vez más gente viviendo en caravanas, tiendas de campaña y chabolas. «Somos una isla muy pequeña con problemas graves», según advirtió, «y necesitamos la implicación del Ministerio de Vivienda».

Vicent Marí recordó que la isla «no es una caja registradora» e insistió en que es necesaria la implicación tanto del Estado como del Govern balear para dar salida a una problema, el de la vivienda, que parece no tener límites. Sobre el asentamiento de Can Rova, en el que residen cientos de personas, el presidente afirmó que el Consell d'Eivissa, aunque no tiene competencias en materia de vivienda, «se implica y estará al lado de las administraciones autonómica y estatal» en la búsqueda de soluciones. «Ibiza es una isla rica que paga y aporta», insistió el presidente, «pero nadie nos ayuda a solucionar los problemas. Necesitamos servicios públicos para los residentes y para quienes nos visitan y las administraciones competentes tienen que ayudarnos».

El presidente dejó claro que Ibiza no puede permitir que haya «gente que trabaja malviviendo en tiendas de campaña o en asentamientos». Un mensaje que ha trasladado también este miércoles a un grupo de empresarios a los que ha dejado claro que los trabajadores «tienen que poder disponer de una vivienda, de un lugar digno para vivir». Y que «si hay que reducir capacidad, se reduce». El presidente, no obstante, alabó que muchos de estos empresarios estén alquilando ellos mismos pisos para sus trabajadores, aunque también admitió    que esto ha distorsionado aún más el mercado del alquiler en la isla porque «a ellos les alquilan porque dan seguridad». Por ello, reclamó medidas estatales que permitan a los propietarios tener esa misma seguridad sea quien sea el inquilino.

Sobre los asentamientos, Vicent Marí también ha indicado en BNP que es necesario «erradicarlos», además de «reubicar» a quienes hoy viven en ellos. Algo para lo que es necesaria la «implicación de todos». Por ello no ha descartado la posibilidad de que sea el Consell el que lidere la lucha contra este problema dado que, según precisó, la institución insular «ha de ser parte de la solución de una situación indigna e intolerable».

El balance

Vicent Marí, por otro lado, explicó en la misma entrevista lo que ha sido el primer año de su segunda legislatura al frente del Consell. Doce meses en los que su equipo de Gobierno ha conseguido, entre otras muchas cuestiones, sacar adelante la salida a concurso del Plan Insular de Transporte o la tramitación de la iniciativa legislativa que habilitará a la institución para poder limitar el acceso de vehículos a la isla a partir de la temporada de 2025.

El presidente, además, destacó especialmente el trabajo desarrollado desde el departamento de Lucha Contra el Intrusismo, muy vinculado al problema de la vivienda por su persecución de la oferta turística ilegal en pisos. En este sentido, ha señalado que se están aplicando diversas medidas que han logrado, de momento, que la oferta ilegal comience a reducirse en plataformas como AirBnb y que la cuantía de las sanciones ya cobradas supere los dos millones de euros. «Todos estos pisos que se dedican a usos turísticos ilegalmente han de entrar en el mercado del alquiler residencial», dejó claro el presidente. Y subrayó que hay que diferenciar entre la oferta turística legal y los turistas que vienen a la isla haciendo uso de la ilegal.