Basándose en este supuesto, el letrado lamentó cómo cualquier mujer que acuda a los juzgados de Ibiza para denunciar un presunto maltrato «puede ser ninguneada, humillada» y no conseguir su objetivo.
En ocasiones, según aseguró, las víctimas pasan largas horas en sede judicial sin ver la cara de un juez o un fiscal y viceversa.
Cerdà aclaró que no siempre es así, aunque es muy habitual que los casos de malos tratos se registren durante los fines de semana, precisamente cuando el juzgado de guardia asume las resoluciones de estas solicitudes de protección.
El letrado lamentó cómo la mujer que se atreva a denunciar deberá compartir espacio y relatos con otros detenidos, víctimas y testigos, con una evidente ausencia de intimidad. También consideró que, a pesar de los esfuerzos, difícilmente el funcionario que recoja la declaración de la víctima podrá trasladar después al expediente oficial ese relato, el sufrimiento y el miedo de estas personas.
Cerdà explicó que el documento, vía electrónica, posteriormente llegará a la planta sexta de la sede judicial donde algunas fiscales, en ocasiones «poco implicadas», dictaminarán sin haber mirado directamente a los ojos de la denunciante y sin poder comprobar todo aquello que transmiten.
«La jueza hará lo mismo desde su despacho», reiteró.
Para el abogado, es del todo comprensible que la víctima abandone después la sede judicial con un sentimiento de frustración ante un periplo «estéril y absurdo».
«Desgraciadamente suele ocurrir los fines de semana puesto que los conflictos de este tipo se producen mayoritariamente durante esos días. Una de las cosas absurdas de la ley de protección integral es que los juzgados de violencia contra la mujer trabajan con horario de oficina, días laborables de 9 a 14 horas, con lo cual después los casos se derivan al juzgado de guardia que en Ibiza se comporta de este modo, como si fuera una molestia», explicó Cerdà.
Para el doctor en Derecho, es «impensable» que una víctima que se atreve a denunciar no pueda tener ese contacto directo con la juez o la fiscal y que éstas determinen a través de un simple escrito recogido por un funcionario. «Esto está pasando en Ibiza» , insistió.
Cerdà defendió el papel que en este caso concreto llevaron a cabo agentes de la Guardia Civil y de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) de la Policía Nacional. «La víctima, cuando va a denunciar, es incapaz de volcarlo todo de primeras y hay que tener cierta habilidad profesional para que vaya contándolo porque puede tener vergüenza o no ser consciente de la situación», destacó.
Cerdà avanzó ayer su intención de recurrir la denegación de la orden de protección.
Se da la circunstancia de que los Juzgados de Ibiza presentan estos días una sala amable habilitada para la atención a mujeres víctimas de la violencia de género y menores de edad.
5 comentarios
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Para estos casos no hay dinero. Para sus campañas, eventos y chiringuitos si.
Ahora cuando la maten le podrán protección, hasta que no la mate a ella o a los hijos no harán nada, claro que si.
Brilli Brilli¿ Sabia usted que a los jueces y fiscales TAMBIEN se les puede denunciar ? .... Pues eso ....
¿ Y a estos y otros "funcionarios" son los que tenemos que primar, fidelizar y buscarles alojamiento? ¡¡ Vaya panda vagos !!
Justicia patriarcal. Por seguridad mejor no denunciar visto así...