Juan ha señalado que los consistorios se han mostrado partidarios de poder promover en sus municipios la construcción de viviendas en suelo público destinadas a funcionarios. Una propuesta que podrían llevar a cabo los propios ayuntamientos o, según ha explicado el conseller, promotoras privadas que, en régimen de concesión, levantarían estos pisos y los alquilarían a un precio asequible. Mariano Juan ha recordado que el grave problema de la vivienda en Ibiza está provocando que la prestación de servicios públicos en la isla se vea muy afectada y ha puesto como ejemplo el cierre de las oficinas de la Dirección General de Tráfico. «Estas viviendas dotacionales», ha señalado, «serían específicamente para colectivos con el de los servidores públicos, para funcionarios que no llegan a cubrir su coste de vida».
El conseller insular de Urbanismo considera que esta sería una «figura importante» para solucionar parte del problema de la vivienda en Ibiza, aunque ha admitido que todavía «hay que perfilarla». Mariano Juan ha recordado que ni el Consell ni los ayuntamientos tienen la posibilidad de solventar el problema de la falta de vivienda en la isla en general pero, ha añadido, estas administraciones «pueden empezar por actuaciones más pequeñas para solucionar problemas graves». «En vivienda en general», ha recordado, «el Govern es el que lleva la batuta. Pero podemos ayudar a solucionar el problema de la falta de vivienda para funcionarios».
Otra de las enmiendas que presentará Ibiza al decreto será la que defiende que el sector turístico pueda construir viviendas para sus trabajadores. En el pasado, el sector hotelero ibicenco ofrecía esta posibilidad dentro de los establecimientos y ahora lo que se baraja es que, en sus propios suelos de uso turístico, puedan construir viviendas para sus empleados. Serían viviendas de uso temporal y destinadas únicamente a estos trabajadores, según ha dejado claro Mariano Juan.
El conseller ha recordado, por otro lado, que el decreto contempla medidas como el cambio de uso de locales, que podrían convertirse en vivienda siguiendo unos requisitos ya fijados. En municipios como Vila se está estudiando la posibilidad de aplicar esta opción pero por zonas pues, según ha explicado Mariano Juan, no sería lógico permitir este cambio de uso en calles comerciales ya consolidadas cuando existen barrios en los que los locales comerciales están cerrados. Esta medida ayudaría en parte a paliar las dificultades que tiene la clase media para acceder a una vivienda en Ibiza. «Hay que seguir haciendo vivienda protegida», ha señalado Juan, «pero también hay que hacer para la clase media y para los funcionarios».
El director general de Vivienda, José Francisco Reynés, ha señalado, por su parte, que el nuevo decreto es «una herramienta muy importante para los ayuntamientos a la hora de afrontar el problema de vivienda en las Islas». Reynés ha recordado que este decreto tiene como objetivo lograr aumentar la oferta de vivienda «a precios accesibles» en las áreas urbanas «sin consumir territorio y aprovechando los edificios existentes y las parcelas edificadas en suelo urbano». Estas medidas, ha añadido, «permitirán generar una nueva vivienda que puede salir al mercado a unos precios limitados por la propia Administración, no a un precio libre, con una serie de requisitos y limitaciones para evitar la especulación».
El decreto, ha recordado el Govern en un comunicado emitido tras la jornada de trabajo, incluye medidas como el cambio de uso de locales para reconvertirlos en viviendas de precio limitado, la división de viviendas ya existentes aumentando la densidad máxima o el crecimiento de la edificabilidad en altura en inmuebles ya construidos o en parcelas con usos residenciales plurifamiliares.
3 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Y para los funcionarios de aquí, de Ibiza? No tenemos pluses de insularidad ni ayudas y debemos competir contra todos los demás para conseguir un hogar, o es que se piensan que todos somos “hereus” como los del Consell.. que poca vergüenza
La solución no dice que es acabar con intermediarios y dar seguridad al propietario. Pues fácil todos esos pisos que se anuncian de octubre a mayo a visitarlos y que se los alquile el govern o los ayuntamientos y que sean ellos los intermediarios y dando seguridad de que si no pagan los inquilinos responden las arcas públicas. Pero claro no interesa porque de mayo a octubre sacamos más aún siendo ilegal esa práctica. Pero a esos pisos nadie los va a visitar.
Y para camareras Albañiles conductores....etc..??