El juez decano de Ibiza, Sergio González. | Archivo

El juez decano de Ibiza y Formentera, Sergio González Malabia, ha suscrito este viernes un documento en contra de la judicialización de la política o lawfare, uniéndose así a otros jueces decanos de España tras conocer el contenido del comunicado publicado por Asociaciones Judiciales, como la Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

En el documento, se destacó que el texto del acuerdo impulsado por formaciones como PSOE y Junts «contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política».

González Malabia reconoció la indignación de todo el colectivo y señaló que «yo personalmente no lo acabo de entender. Es un atropello, un ataque tan tremendo a la división de poderes, al Estado de Derecho, que no se puede compartir». Al mismo tiempo, lamentó que se han otorgado unas concesiones «catastróficas» a cambio de la gobernabilidad. Tras la reacción provocada en todo el país, el juez decano expresó su confianza en que se dé marcha atrás, «aunque no creo que vaya a ocurrir».

«Lo que me da miedo es qué va a pasar si esto llega a ocurrir, si se llega a materializar, y qué trascendencia va a poder tener en el futuro», insistió. González Malabia expresó su temor a que comisiones parlamentarias enjuicien a magistrados que han dirigido causas penales relacionadas con el Procès. «Es terrorífico y es el fin del Estado de Derecho», concluyó.

En el comunicado conjunto, los jueces aseguraron que, en la práctica, el lawfare podría suponer someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales «con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

Los firmantes consideraron que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley», puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. «Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables», insistieron los magistrados, recordando que en España el Poder Judicial «es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta».

Los abogados

También el Ilustre Colegio de Abogados en Baleares (ICAIB) emitió un comunicado valorando el acuerdo entre el PSOE y Junts y mostrando su «rechazo absoluto a la inclusión del concepto de judicialización de la política, así como a la anunciada creación de comisiones parlamentarias de investigación».

La Junta de Gobierno del ICAIB consideró que la referencia al término ‘guerra jurídica', y a un eventual sometimiento al control en comisión parlamentaria de las decisiones o procesos judiciales, «supone un riesgo inasumible de quiebra de la separación de poderes y, por tanto, una amenaza directa sobre uno de los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho moderno y democrático, como es el principio de independencia judicial».

Para el Colegio Oficial de Abogados de Baleares, la referencia expresa al lawfare no hace sino «sembrar dudas inaceptables sobre la independencia de nuestros juzgados y tribunales que disponen de sus propios mecanismos de garantía y contribuir al desprestigio de la imagen de la Justicia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras».