Después de conocer esta información, los familiares de los usuarios de la residencia manifestaron a través de un comunicado que no les importa saber quién ha interpuesto la denuncia, puesto que ellos seguirán luchando «con seriedad y rigor por los derechos de nuestros familiares, ya que no se ha conseguido todavía ningún avance de manera consolidada».
Al mismo tiempo, destacaron que están pendientes de reunirse con la nueva consellera balear de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, para tratar «con pulcritud y detenimiento las circunstancias que afectan a nuestros mayores que, insistimos, son alto dependientes». En este sentido, lamentaron que llevan meses «suplicando» que se haga cumplir la ley.
Los familiares explicaron que lo único que pretenden es que se cumpla una resolución de julio de 2022 del Ministerio de Derechos Sociales que obliga a centros de atención residencial que superen las 75 plazas a contar con profesionales que realicen las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público y supervisión de las pautas de cuidados, funciones que deberán ser asumidas por personal sanitario. Los familiares destacaron además que, según los artículos 2 y 3 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/ 2003, de 21 de noviembre, la atención integral, social y sanitaria es necesaria para todas las personas en situación de dependencia, especialmente para aquellas con enfermedades avanzadas, demencias, problemas de conducta, enfermedad mental, necesidades médicas específicas y cuidados paliativos, que además presentan necesidades sociales. También destacan que la atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, que tiene que garantizar que las personas en situación de dependencia tengan el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios que el resto de la población, independientemente de que éstas residan en sus domicilios particulares o colectivos.
Desde hace meses, los familiares de los usuarios de Colisée Sa Residència vienen denunciando la situación de sus seres queridos, dirigiéndose al Govern y al Consell d´Eivissa para buscar una solución. Precisamente, la institución insular detectó en enero una serie de «deficiencias» en el centro tras la inspección extraordinaria llevada a cabo por el Departamento de Bienestar Social. Días antes, el Consell había recibido una denuncia de un grupo de familias de usuarios del centro. Según se informó entonces, las deficiencias detectadas estaban relacionadas con «el funcionamiento y la atención a las personas usuarias».
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