Los sindicatos cifran en «miles» las actuaciones judiciales suspendidas y en «cientos» los juicios

Las tres principales reivindicaciones de los funcionarios de Justicia son en torno a la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Concretamente reclaman que sea una ley de eficiencia «sin trampas», que no se impongan nuevas condiciones laborales sin previa negociación y una subida salarial «en línea» con la de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de hasta 450 euros al mes.

Cabe recordar que esta huelga está teniendo un seguimiento muy elevado por parte de los funcionarios, en torno al 70% y al 80% en las Islas. El sindicato CSIF explicó el pasado 26 de mayo que confían en el inicio «inminente» de las negociaciones con el Ministerio de Justicia. Desde el sindicato explican que tras el acuerdo para evitar la huelga de jueces y fiscales, confían en que el inicio de las negociaciones con el Ministerio de Justicia pueda ser «inminente». Según añaden, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, adelantó que tras pacificar el conflicto con jueces y fiscales, el caso de los funcionarios sería el siguiente, si bien por el momento no se han producido avances significativos en este sentido.