Imagen de archcivo de viviendas en Ibiza. | Daniel Espinosa

A pesar de la aprobación de la Ley de Vivienda que fijará topes al precio del alquiler, la realidad pitiusa en relación al problema residencial sigue siendo preocupante, más después de conocerse las denuncias de efectivos de la Guardia Civil o de agentes nacionales con gravísimas dificultades para encontrar una vivienda digna en la isla. Según publicó esta misma semana Periódico de Ibiza y Formentera, a policías nacionales les habían llegado a pedir hasta 36.000 euros por adelantado para arrendar un inmueble.

Responsables de la inmobiliaria Ibiza Domo explicaron este viernes cómo encontrar un piso para alquilar a un precio razonable es cada vez más complicado. Según señalaron, muchas empresas implantadas en la isla «están alquilando edificios enteros para su personal». Por tanto, para el resto de ciudadanos se hace cada vez más difícil encontrar un alquiler «normal».

«Hay escasez de viviendas y es una catástrofe. Hay familias que están prácticamente en la calle. Nos piden pisos a precios normales y no tenemos absolutamente nada. Este año, la situación es todavía peor», lamentaron.

Por otro lado, cada vez es más habitual solicitar por adelantado el pago de la temporada reclamando así cifras de vértigo como 25.000 euros por un piso de dos habitaciones en el municipio de Ibiza.

«Intentamos que recapaciten, pero es muy duro negociar ahora mismo con los propietarios. También, por otra parte, tienen miedo de los okupas porque en Ibiza hay mucho problema en este sentido. Por ello, quieren el dinero por adelantado», insistieron.

Práctica ilegal

En este sentido, desde la Oficina de Lucha contra el Intrusismo recordaron recientemente que exigir por adelantado el pago de varios meses de alquiler es una práctica ilegal, a pesar de haberse convertido en algo de lo más habitual.

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Esta semana, el sindicato Jupol de Policía Nacional fue el primero en alertar: un tercio de la plantilla en Ibiza en disposición de solicitar un traslado se va a marchar de la isla en estos próximos meses, coincidiendo con el inicio del verano. El motivo, una vez más, es la falta de vivienda a precios asequibles.

«Exigen varios meses de fianza y es algo totalmente ilegal. Los propietarios saben que los policías están obligados a venir y, como no hay vivienda disponible, creen que, al final, pagarán lo que haga falta», afirmaron desde Jupol.

También la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se sumó a las quejas de Jupol y denunció las dificultades de sus efectivos para acceder en Ibiza a una vivienda. «Prevemos una temporada muy complicada porque tenemos una falta de personal brutal», alertaron.

El alto coste de la vida y, sobre todo, el inasumible precio de un alquiler provocan ya que la plantilla de la Guardia Civil en Ibiza tenga «muchísimas vacantes», con algunas unidades al 50%.

12 inmuebles

Desde el Ayuntamiento de Ibiza afirmaron este viernes que han sido la «única institución de la isla que ha puesto vivienda pública a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Entre otras medidas, recordaron la cesión a la Policía Nacional de 12 inmuebles a un precio asequible y con «altas cualidades», según explicó el Consistorio.

Fuentes municipales también defendieron que, el de Ibiza, había sido el único ayuntamiento de la isla en construir vivienda pública, poniendo en manos del Consell las direcciones de más de 300 pisos en la ciudad dedicados de manera ilegal al alquiler turístico. «El alquiler turístico y el elevado precio del alquiler en la isla de Ibiza han roto el mercado y, por este motivo, defendemos que haya un límite en el precio del alquiler», concluyeron.