Palo de Anticorrupción a Ruiz: Molina no podía trabajar en la concesionaria del alumbrado de Vila

Según figura en el documento, la denuncia señalaba que el socialista Molina, que está investigado en el caso Eivissa Crea por presuntos delitos de corrupción, mantenía «una relación laboral con una empresa privada que presta sus servicios en la gestión municipal en la ciudad de Ibiza sin que hayan transcurrido los dos años que la normativa de incompatibilidades exige para que altos cargos de la Administración local puedan trabajar en una empresa con una concesión administrativa y en un asunto que hayan gestionado directamente».

Como concejal, Alfonso Molina había llevado personalmente las negociaciones entre el Ayuntamiento y Citelum en el contencioso por el que la compañía reclamaba en 2016 a Vila el pago de una indemnización de 4,6 millones de euros. Esta negociación se saldó con una importante rebaja de la cantidad exigida por Citelum, que cobró 2,8 millones de euros, según se recogía en la denuncia presentada en Anticorrupción. Dos años más tarde, Molina tuvo que dimitir tras destapar Periódico de Ibiza y Formentera que, según recogía un informe del Soib, sus empresas habían cobrado indebidamente varias subvenciones destinadas a cursos de formación para parados y trabajadores. Esto coincidió, además, con su nueva imputación en el caso Eivissa Crea y Molina decidió abandonar el Gobierno de Ruiz.

Poco después comenzó a trabajar para Citelum Ibérica en su delegación de Ibiza. No habían pasado aún los dos años que fija la ley para que los altos cargos públicos puedan trabajar en empresas que han trabajado a su vez para la Administración. El PP y Ciudadanos llevaron este asunto al Pleno de Vila y la entonces responsable del área, Elena López, les respondió asegurando que Molina había hecho un trabajo puntual para Citelum, justificando su aseveración con un escrito de la propia empresa.

Ahora la Oficina Anticorrupción concluye que, efectivamente, Molina pudo incurrir en incompatibilidad. Sin embargo, la causa queda archivada porque el Ayuntamiento de Ibiza, en un informe remitido a Anticorrupción, señaló que el socialista «ya no tenía la consideración de alto cargo al no ostentar la condición de concejal». Además, aunque admitía implícitamente en el informe que Molina sí podría ser declarado responsable de esta irregularidad, el régimen sancionador previsto por la ley para estos casos solo hace referencia a altos cargos de la Administración del Estado y no de los ayuntamientos. Y, por si esto no fuera suficiente, Vila defendió que tampoco podría aplicársele «el régimen disciplinario de los funcionarios públicos» porque «sus sanciones no son aplicables a quien no está vinculado a la Administración pública».

La Oficina de Conflictos de Intereses, por su parte, descartó intervenir porque «la competencia de instrucción de los expedientes sancionadores se limita a los supuestos en que el infractor ostente la condición de alto cargo de la Administración General del Estado».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha recordado ante este nuevo escándalo protagonizado por Alfonso Molina que su partido ya denunció como «poco ética» la contratación del socialista por parte de Citelum. «Siguiendo la tónica habitual», ha asegurado Marí Bosó en un comunicado, «Rafa Ruiz se escondió detrás de Elena López, quien aseguró que no era necesario dar más explicaciones». «Hasta la oficina socialista anticorrupción», ha añadido, «se ha hecho eco de los tejemanejes y las puertas giratorias de Ruiz a costa de los ibicencos».

Marí Bosó ha recordado también que la responsable del contrato municipal con Citelum es Elena López, «la misma que con anterioridad estuvo unida a Molina en una relación laboral en una de sus empresas de formación». «Todo queda en casa», ha ironizado, «la vigilante y el vigilado». El portavoz del PP, además, ha calificado de «preocupante» el hecho de que «fue Molina el que negoció el pago de tres millones de euros a la concesionaria para la que luego acabó trabajando. Tres años después, hasta la oficina ha concluido irregularidades y ellos siguen sin dar explicaciones y, lo peor, sin asumir responsabilidades».

Alfonso Molina, que también está implicado en el caso Nascor, tal y como destapó Periódico de Ibiza y Formentera, fue mano derecha de Rafa Ruiz en la anterior legislatura. El PP teme, según indicó en su comunicado, que pueda estar ahora vinculado a la «oficina técnica para la reforma de la E-10» junto a «algún socialista más». «Estaremos atentos a este nuevo manejo de crear una oficina para hacer algo que deberían proyectar los servicios técnicos municipales», ha concluido Marí Bosó.